Descrédito institucional

“Uno de los principios de toda sociedad democrática es que cada hombre puede pensar y expresarse libremente sobre cualquier materia, hasta el punto de poder pronunciarse contra la idea misma de sociedad democrática”. Esto dejaron escrito Neil Postman y Charles Weingartner en ‘La enseñanza como actividad crítica’, un ensayo publicado en 1973 que aún hoy merece ser leído.

Dicho de otra forma, en el seno de la democracia caben todas las ideas, discrepancias y críticas en aras de la libertad de pensamiento y expresión, muy en línea con aquella máxima atribuida a Voltaire “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Pero una democracia corre peligro cuando sus instituciones acumulan un notable descrédito. Como la más alta instancia del tercer poder del Estado, el Tribunal Supremo, que hipoteca su reputación con sentencias contradictorias sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que generaron inseguridad jurídica, minan la credibilidad ciudadana en la justicia y alimentan todos los populismos.

Este hecho corrobora que España tiene un Poder Judicial interferido por la política, la economía y ahora por el populismo, lo que explica que algunas sentencias parecen estar dictadas para responder a esos intereses e inclinan la balanza ciega de la justicia hacia las simpatías de sus señorías.

Hace años que los políticos ‘mataron’ la división de poderes y no parecen dispuestos a recuperar el espíritu de Montesquieu. Por eso causa “tristeza democrática” que se vea como normal que ahora mismo PP y PSOE se repartan el control del órgano rector de los jueces sin que discrepen cuando se trata de controlar la justicia.

Lo sucedido en el TS también obliga a denunciar el desbarajuste fiscal debido a la negligencia de todos los gobiernos. El actual cambia el IAJD, una minucia, para “redimir al pueblo” de la banca, pero fríe a ese mismo pueblo con impuestos a discreción y no se plantea reformar la fiscalidad para adecuarla a los cambios económico- empresariales de la revolución tecnológica globalizadora. Esa misma desidia se percibe en la lucha contra la economía sumergida que el FMI situaba para España en una tasa del 22,01 por cien del PIB en 2015, último año que incluye el informe.

Quedan otras anotaciones sobre los líderes políticos. Sus manifestaciones magnifican la chapuza del alto tribunal con quintales de demagogia y cinismo y tendrán comentario el miércoles.

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