Acotaciones (I)

    Como el Constitucional  no le pare los pies a tiempo, los decretos-leyes  van a ser el gran recurso de Pedro Sánchez para gobernar  a su gusto y manera y obviar la falta de votos o las dificultades que vaya teniendo para encontrarlos. Tal  mecanismo legislativo está previsto, como se sabe, sólo para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Dígasenos, sin embargo,  qué urgencia corría en el caso del decreto-ley último cuando el Supremo ya había restablecido la seguridad jurídica perdida y el Congreso está ultimando la nueva ley  hipotecaria que urge Bruselas.

Y es que en cartera tiene el Gobierno volver a tirar de tal procedimiento –sospechoso además de inconstitucionalidad- para sacar adelante su “agenda social” si al final no le queda más remedio que prorrogar los presupuestos de Rajoy. Eso de “revertir derechos recortados” es una moto que  se vende muy bien. Espera que nadie se opondrá, aunque sólo sea por no quedar mal ante la opinión pública. Pero la anomalía institucional es evidente.

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Ya andan corriendo los primeros papeles sobre  la pretendida reforma educativa, llamada a  “fulminar los aspectos más ideológicos” de la ley Wert. Después de la Ley general de Educación del ministro Villar Palasí (1970)  habrá de ser la séptima gran norma educativa. Cuatro de ellas han visto la luz bajo gobernanza socialista, frente a una impulsada por el PP y otra de este mismo partido a la que el ínclito ZP no le dejó  dar ni el primer respiro.

No obstante, a muchos nos gustaría saber por qué las reválidas, los itinerarios,  la cultura del esfuerzo, el reconocimiento de la demanda social para la escuela concertada  o el cumplimiento de un acuerdo internacional sobre la asignatura de Religión son catalogadas de medidas ideológicas, y cuando se pretende acabar con todo ello no  son tales. ¿A qué responde, entonces, ese achicar espacios a la libertad de los padres, poner todos los palos posibles en las ruedas de la concertada o desactivar la asignatura en cuestión? ¿A razones de pura Pedagogía?

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El que fuera presidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán ha visto archivada la causa judicial que contra él se seguía. Otro tanto ha sucedido en estos mismos días con la exalcaldesa de Cartagena y en la actualidad senadora por el PP Pilar Barreiro. Lo mismo que con el exconselleiro  Fernando Blanco, tras siete años de imputación. Y con Mario Conde y sus hijos. ¿Quién les restituye ahora la injustamente fama o imagen pública perdidas? ¿No deberían los medios en general no precipitarse antes de tiempo con las llamadas penas de telediario?

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Dice la ministra Calviño, que pasa por ser una de los componentes más solventes de este disparatado Gobierno, que no es bueno mezclar el debate presupuestario con reivindicaciones que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Tarde piache. No le falta razón, pero a la vista de la recua de  socios o aliados que se ha echado a la espalda este Ejecutivo del que ella forma parte, otra cosa no se podía esperar. Cada vez es más evidente que, de constructiva, la moción de censura tuvo más bien poco.

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¿Por qué sale ahora a la luz el caso del supuesto francotirador que dicen quería matar al presidente Sánchez si la detención se produjo en septiembre?

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