Volver a empezar

Si las políticas sobre Educación salieran de una noria, a los responsables políticos les correspondería encarnar a los burros, rotando permanentemente, atados desde siglos a un largo madero para hacerla girar. Tienen gastado el suelo de pisotear siempre por el mismo círculo y el caudal conseguido es apenas un hilo de agua benéfica.

Desplazado el PP del Gobierno, la Lomce, su ley de Educación impuesta sin ningún tipo de consenso y con la comunidad educativa de uñas, va a ser modificada. Los borradores ya están sobre la mesa y la discusión servida. También está la primera pregunta formulada por la ciudadanía: ¿por qué no se deroga esa autoritaria reforma del ministro Wert en lugar de proceder a modificarla? Sencillamente, nos cuentan, porque hay prisa para eliminar los principales defectos “antidemocráticos, clasistas y financieramente discriminadores, entre otros”. Y porque se necesita tiempo para volver a intentar un consenso, al estilo del que Gabilondo pretendió sin éxito, dada la cerrazón y el juego ventajista que la derecha utiliza tradicionalmente en cuestiones educativas. Parece razonable el planteamiento del nuevo Gobierno de izquierdas.

La cuestión es peliaguda porque la ley Wert ha pretendido consagrar una serie de doctrinas que van más allá de los contenidos morales, como por ejemplo la separación por sexos volviendo al más rancio criterio ideológico franquista de la anacrónica Sección Femenina de la Falange y las JONS. El Estado ha vuelto a subvencionar una práctica aberrante en el mundo moderno donde se trata de educar en igualdad. Y lo que es más grave, el mismo Tribunal Constitucional, que ahora se ha alineado con el poder económico de la banca, no tuvo empacho en declarar correcta esa concertación que vulnera el epígrafe 9.º de la Constitución. De nuevo otro poder, en este caso religioso/conservador, llevando del brazo al poder judicial.

Siendo justos y admitiendo que en el pasado las órdenes religiosas -especialmente salesianos, maristas y jesuitas-, desarrollaron una importante y necesaria labor educativa (aunque fuera subsidiaria de sus creencias), en nuestro presente ordenamiento legal no confesional resulta injusto y viola los principios constitucionales la discriminación de la educación pública laica frente a la concertación de la educación privada en general -tanto religiosa, preponderante, como no-. La protección económica, que los distintos estamentos conservadores públicos realizan sobre ella, es el gran escollo para alcanzar el buen consenso que la enseñanza necesita urgentemente en España.

No nos engañemos con la simple cuestión de religión sí, religión no. Ese es el caramelo con que se contenta y moviliza a la Iglesia y que disfrazan los negocios y pingües beneficios de la educación privada, mientras la pública se debate entre el voluntarismo de los excelentes profesionales que la mueven y la precariedad galopante. No se puede seguir concertando una escuela que utiliza prácticas, dudosamente legales, para cobrar al alumnado, que discrimina por cuestiones sociales, ideológicas y de creencias… El primer gran paso que debe darse, antes de buscar el consenso de contenidos educativos, es el de una justa organización y equilibrio entre lo público y lo privado. Donde de momento la escuela pública va perdiendo.

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