Corrupción y opinión pública

Las relaciones entre corrupción y opinión pública ayudan a entender la importancia de una inteligente estrategia de lucha contra la corrupción. Si los magistrados y fiscales son conscientes de que a los ciudadanos les preocupa seriamente la corrupción porque exigen un patrón elevado de honradez y ejemplaridad ética, estarán más predispuestos a iniciar investigaciones y a aplicar con rigor la ley y el derecho.

La corrupción suele dividirse en negra, gris y blanca en función del grado de rechazo ciudadano. La negra alude a la situación de consenso general sobre la necesidad de condenar y perseguir en todo caso la corrupción. En la corrupción “gris”, algunos sectores de la población, generalmente pertenecientes a la élite, son tolerantes. En los casos de corrupción blanca, la mayoría de los ciudadanos probablemente no serán partidarios de castigar rigurosamente una modalidad de corrupción que entienden como tolerable al pensar que, más importante que los valores, son los costes que podrían resultar de un cambio sustancial en la aplicación de las normas.

Toda clasificación casi siempre es, cuando menos, polémica. Y esta, también. Por ejemplo, es sabido que las actitudes durante un período de tiempo son fluctuantes. Johnston, profesor de la Universidad de Colgate, demuestró como, antes y después del “Watergate”, los sondeos de opinión en Estados Unidos mostraban una preocupación por la integridad de los cargos públicos superior a la registrada anteriormente. Pero también es cierto que después de la dimisión de Nixon, el grado de preocupación volvió a disminuir. La pregunta que surge de este caso es evidente: ¿en qué momento se puede detectar mejor la opinión del público sobre la corrupción ¿Quizás lo más importante es que, en momentos de crisis de corrupción, la opinión general sea de gran preocupación pues es probable que en condiciones normales, los ciudadanos darán más importancia a otros asuntos.

¿Qué piensan, en general, los ciudadanos sobre la corrupción? Es una pregunta compleja. Sin embargo, con las cautelas propias de quien sabe que la encuestas no equivalen a la verdad, el profesor Gardiner comenta un estudio de 1966, en el que se plantea la opinión de la población de una ciudad norteamericana en la que los representantes electos y altos funcionarios de policía eran “colocados” por un siniestro sindicato del crimen. La encuesta de Gardiner no demostró que se aceptase la corrupción aunque si puso de relieve una absoluta tolerancia en relación con la situación, fuente de ingresos del sindicato del crimen. La encuesta, además, mostró que un número nada despreciable de ciudadanos toleraban algunas formas de corrupción como hacer caso omiso de los conflictos de interés o la aceptación de regalos de empresas. Sin embargo, la mayoría de la población de esta ciudad, como no podía ser menos, era partidaria de la honradez y de la aplicación de la ley contra las prácticas corruptas. Menos mal.

 

Jaime Rodíguez-Arana es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela

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