El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento catalán contra la monarquía

 

El Ejecutivo considera que el texto supone el intento del Parlamento catalán de iniciar un proceso unilateral que desemboque en una “hipotética república”, así como una extralimitación en las funciones de esa Cámara autonómica. Además, el Consejo de Ministros ha acordado destinar 40 millones de euros a la atención de los menores extranjeros no acompañados.

El Consejo de Ministros, reunido por primera vez en Sevilla, ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña por la que rechazaba la intervención del Rey Felipe VI en el “conflicto catalán” y defendía la abolición de la monarquía.
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La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recordado que el pasado viernes el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, un informe sobre esa impugnación, informe que es “preceptivo pero no vinculante”. En su dictamen, el Consejo de Estado concluye que esa resolución del Parlamento catalán no constituye “objeto idóneo para su impugnación” ante el Constitucional. El Gobierno, ha afirmado Celaá, respeta la opinión del Consejo de Estado, pero no comparte su argumentación jurídica, por lo que recurrirá la resolución “por sentido de Estado”.

La portavoz ha explicado que el Consejo de Estado señala que la Resolución del 11 de octubre es “un grave atentado al principio de lealtad institucional y una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra”, pero entiende que esas mociones parlamentarias “tienen una naturaleza netamente política y no jurídica”.

Sin embargo, ha indicado Celaá, el Ejecutivo considera que la Resolución sí es inconstitucional, pues supone un intento del Parlamento catalán de “iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada del Tribunal Constitucional”.

Además, el Gobierno cree que el intento de abolir la monarquía y el ataque a la figura del Rey suponen, “y así lo manifiesta también el Consejo de Estado, una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica catalana”, lo que vulnera tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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