El Tribunal Supremo abre juicio contra los líderes del “Procés”

El Tribunal Supremo confirmó el cierre de la instrucción sobre el proceso soberanista realizada por el juez Pablo Llarena y abrió juicio oral contra los 18 líderes independentistas procesados. En dos autos, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza por unanimidad las más de 300 alegaciones y peticiones de prueba planteadas por la defensa, que deja para la vista oral con la finalidad de evitar “dilaciones indebidas”. La Sala trasladó a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la acusación particular ejercida por Vox para que en cinco días formulen sus escritos de acusación.

El Supremo juzgará por rebelión a los nueve líderes independentistas que están en prisión preventiva: el expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Todos los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont, incluidos Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila se sentarán también en el banquillo por malversación de caudales públicos. Asimismo, el alto tribunal abre juicio por desobediencia contra Borràs, Vila y Mundó, y los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nut; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya.

Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los exconsejeros Toni Comin, Mertixell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig, la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, declarados en rebeldía tras su fuga a países europeos.

En un segundo auto, el Supremo confirmó el sobreseimiento de la causa para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y para la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

La Sala acordó también ampliar a siete el número de magistrados que juzgarán los hechos. Respecto al rechazo a las delegaciones de prueba solicitadas por las defensas, la Sala señala que “su admisión conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas”. Para los jueces, la decisión de abrir juicio “no exige una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación” y “no requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se ha construido el auto de procesamiento”.

De esta manera, los magistrados rechazan pronunciarse sobre “la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia del delito de rebelión”, un empeño “tan legítimo” como “inasumible en el plano técnico”, porque eso debe decidirse en el acto oral. Así, recuerdan que “el debate actual no es un debate sobre la culpabilidad de los investigados, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamiento”. “Con la apertura del juicio no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos procesales, ni la responsabilidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecerlos”, añaden los magistrados.

La defensa de Jordi Cuixart presentó un escrito al Tribunal Supremo en el que pide expulsar a Vox de la acusación particular, al entender que la está utilizando como “polo de atracción electoral” para los próximos comicios y para legitimar “ideas que contravienen” la Constitución.

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona pidió ayer dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designo para el referéndum del 1-O, a los que acusa de los delitos de desobediencia y de usurpación de funciones.

 

 

TORRA DENUNCIA “LA INFAMIA”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, denunció la “infamia” que supone en su opinión abrir juicio a los líderes independentistas procesados y advirtió de que no se juzgará sólo a estos políticos, sino a más de 2,3 millones de catalanes. Además, advirtió de que si la sentencia es condenatoria los catalanes se enfrentarán a los fallos judiciales con “la fuerza y la determinación” que ya mostraron el 1-O. Para Torra, el proceso judicial ha sido “una farsa organizada por todos los poderes del Estado español para culpabilizar a unos políticos” que, a su juicio, lo único que hicieron es dar la voz a la ciudadanía.

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, criticó la decisión del Supremo, porque “no hay delito” y, por tanto, “no puede haber condenas”. Pujol dijo que el Supremo está “obcecado” con unas acusaciones de “violencia, sedición y rebelión” que “no retratan lo que sucedió”.

Desde ERC, Sergi Sabrià calificó de “farsa” el juicio contra los líderes independentistas y negó que en España exista separación de poderes, por lo que instó al Gobierno a pasar de las palabras a los hechos y “acabar con esta vergüenza democrática”.

Todos los diarios destacan en sus primeras la apertura del juicio oral por el 1-O, y se hacen eco de la decisión que adoptará la Abogacía del Estado respecto al delito de rebelión. Según ABC, “la Abogacía del Estado se centrará en la malversación”. EL PAÍS titula: “El Gobierno, hermético ante la posición de la Abogacía del Estado sobre la rebelión”. Por su parte, LA VANGUARDIA señala que “el Gobierno aboga por limitar el delito de rebelión”.

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