Altos nombramientos

​No suelen caer bien en el Congreso las intervenciones de Ciudadanos. Por más que los contenidos de sus propuestas sean razonables, tal vez ello se deba al aire de superioridad y de salvadores del mundo que rezuman sus portavoces más habituales. Cuando se les oye hablar, no pocos nos preguntamos cómo hasta el momento nos hemos podido lograr sin ellos.

​El último episodio en esta línea fue el debate de hace unos días de una moción consecuencia de interpelación sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración pública y para garantizar la profesionalidad de los nombramientos en el sector público.

​El defensor de la iniciativa en nombre de C´s ponía de relieve la oleada de designaciones de altos cargos que con inusitada rapidez había marcado los primeros tiempos del gobierno Sánchez, algunas tan cuestionables como las presidencias del CIS, Correos, Paradores o de la empresa nacional encargada del suministro y gestión de combustible nuclear.

Y así hasta el punto de que el 44 por ciento de los miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista habían dejado ya sus despachos en Ferraz para ocupar otros de alto nivel en el entorno monclovita. El desembarco en Prado del Rey (RTVE) fue tal vez el más espectacular de todos ellos.

​Cierto es que el portavoz del partido de Rivera se pasó en ocasiones de lenguaje faltón –marca también de la casa-, lo que lógicamente molestó y bastante al resto de grupos. Pero proponía algo que se ha ido ya introduciendo en instancias menores: que los presidentes de empresas públicas y gran parte de los altos cargos de la Administración – ministros y secretarios de Estado aparte- dejen de ser designados a dedo y lo sean, por méritos y capacidad, en procedimientos abiertos y concurso público. Sólo el representante de ERC se avino a articular un cierto control de idoneidad en tales nombramientos.

​Así las cosas, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España resulta ser junto con Turquía y Chile el país donde los Gobiernos nuevos realizan a su llegada más cambios en los directivos de nivel intermedio (directores y subdirectores generales), a enorme distancia de lo que sucede en otras latitudes de nuestro entorno. En Canadá, Holanda, Japón, Noruega y Alemania incluso los gabinetes de los ministros, esto es, puestos de mayor cercanía y confianza personal, son altamente estables e inmunes a vaivenes derivados de los cambios del titular.

La propia OCDE ha alertado de las consecuencias negativas de tan elevada tasa de reposición. Por una parte, la preferencia por actores políticos en lugar de gestores con las debidas habilidades y competencia. Por otra, la pérdida de confianza hacia las instituciones públicas por parte de los ciudadanos. Y finalmente, el debilitamiento de la profesionalidad de los empleados públicos, que de alguna manera se ven forzados a apostar por un “bando” para progresar en su carrera profesional.

Se trata, con todo, de unas prácticas fuertemente arraigadas en la cultura política española desde los tiempos del caciquismo decimonónico, que parten de la concepción de que la alta Administración responde al Gobierno de turno y no a la sociedad, que favorecen el ascenso de personas no cualificadas y que dañan en definitiva la imagen de las instituciones.

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