Catorce consellerías

 

La Generalidad de Cataluña está organizada en trece consellerías o departamentos administrativos. Eso, oficialmente. Porque en la realidad, desde que con toda diligencia el Gobierno Sánchez trasladó allí a comienzos de julio a los golpistas presos, está funcionando una más: la cárcel de Lledoners, donde éstos cumplen prisión preventiva.

Se trata de una “consellería” ubicada a setenta kilómetros del palacio barcelonés  de Sant Jaume, sede de la presidencia del Gobierno autonómico, cerca de Manresa, que se ha erigido en el verdadero centro de la vida política catalana.  Allí, en el módulo 2, para presos por delitos no violentos, pasan sus días de encierro obligado el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, y seis compañeros de fatigas soberanistas.

Allí peregrinan correligionarios, políticos y empresarios de amplio espectro. Desde el vasco Íñigo Urkullu impartiendo misericordia, hasta el presidente de la CEOE y representantes regionales, locales y sindicales, filoetarras incluidos. Se trata –alega la Dirección- de visitas de carácter institucional. Allí Junqueras intenta mantener el liderazgo del partido e incluso el rumbo del propio proceso independentista, al tiempo –supongo- que va preparando su candidatura a las elecciones europeas de mayo.

Allí, pues,  se cocinan planes políticos, se forjan alianzas, se tumban iniciativas, se conceden extensas entrevistas periodísticas, se gravan imágenes para los Informativos no sólo de TV3 sino incluso de TVE,  se reciben visitas sin cuento y se celebran gozosos cumpleaños de alguno de los internos. Toda una anomalía en este tipo de instalaciones. El líder de ERC es el más solicitado.

El frenesí de Lledoners destaca sobremanera a la vista de la práctica parálisis que viven las instituciones autonómicas. La cárcel en cuestión es una de las más tranquilas de Cataluña, no está saturada y resulta, por tanto, ideal para las citas políticas. Un magnífico locutorio.

Acostumbrado como está a hacer mutis por el foro en todo lo que se refiere a la Cataluña rebelde, el Gobierno central se ha desentendido de lo que de puertas para adentro sucede en el recinto penitenciario y del trato preferencial que los golpistas reciben. Alega no tener allí competencias en Prisiones estando como están transferidas las mismas al Gobierno regional desde finales de 1983 en virtud de lo establecido en el artículo 11.1 del estatuto de autonomía.  Un decreto firmado por el de aquélla ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, en el primer mandato de Felipe González y expedido o formalizado en Baqueira por el entonces rey Juan Carlos, en el día de los Santos Inocentes.

Lo que no se entiende mucho o nada es que en estos tiempos en que ha desaparecido la lealtad constitucional de los primeros desarrollos autonómicos  y en que se propician golpes de Estado desde las instituciones, ámbitos como la Administración penitenciaria y la seguridad pública vía mossos puedan estar en manos de los propios afectados, como así sucede.

Hace bien, pues, el líder del PP, Pablo Casado, en pretender recuperar competencias en la materia. O en aplicarles el 155 si fuese preciso. En todo caso, lo que mejor procede es ganar  elecciones, si no con una casi imposible mayoría absoluta, sí articulando una mayoría estable. El adelanto de las andaluzas abre un año electoral decisivo.

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