Mientras Torra anima la rebelión, Sánchez dice que no es para tanto

 

Al tiempo que se sucedían los actos vandálicos, la ocupación del espacio público, los cortes de vías de comunicación y otra serie de acciones tipificadas en el Código Penal, como los estragos o la libre circulación de los ciudadanos, el representante del Estado en Cataluña y presidente de la Generalitat, Torra, animaba a los autores de estos hechos a incrementar sus acciones y efectos que afectan a todos los ciudadanos de aquella comunidad.

Torra recordó al Govern de Generalitat que hiciera posible el referéndum, y ha recordado a aquellos que “deben estar en la primera fila, pero no pueden” y ha demandado la libertad presos políticos” Pero aparte de lo habitual, dio las gracias a los CDR, sobre quienes ha dicho que “apretáis y hacéis bien en hacerlo. No tengáis miedo de ser libres, tenemos que enfrentar estas semanas sin miedo”. E insiste en que no se está juzgando a unos cuantos políticos, sino al pueblo de Cataluña. Acaso no Torra no tiene el deber de perseguir y evitar los actos a los que alienta.

Y mientras Sánchez sigue sin hacer nada para defender la Constitución y el Estado, y sus ministros anuncian que hay que liberar e indultar a los rebeldes, aluden a que, como hace la ministra Meritxell Batet que hay clima para el diálogo. Y la propia portavoz del Gobierno, como es costumbre, Isabel Celaá, da una de cal y otra de arena. Ahora resulta que el anterior Gobierno se excedió al cumplir y hacer cumplir la orden de la fiscalía de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O. O sean que no se debió cumplir la ley.

Y dentro de esa permanente contradicción y su habitual cinismo, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos (el mismo que decía en enero que nunca se aceptarían los votos independentistas para llegar a la Moncloa) “no percibía llamadas a la violencia en el discurso de Torrra, luego de decir que el Gobierno se declara “en contra de los discursos inflamados” tras la llamada del president de la Generalitat, Quim Torra, a los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) para “presionar” con acciones en la calle a favor de la independencia.

Pero en esta suma de afirmaciones y negaciones, se ha calificado de “error” la actuación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en aplicación de la orden de la fiscalía de impedir el ilegal referéndum. Y eso ha salido de la boca de la ministra portavoz, Isabel Celaá, en una entrevista en la cadena SER. Es decir, que el Gobierno no debió atender la orden de la fiscalía y dejar hacer como si nada. ¿Qué otra cosa cabía? E incluso se dice que de haber gobernado el PSOE no se hubiera llegado tan lejos. Esto es, se hubiera dejado a los independentistas alcanzar plenamente sus objetivos. El error fue actuar y cumplir la ley. O sea que el PSOE no lo haría ni lo hace llegado el caso. En resumen, que mientras Torra alienta a ocupar la calle e ir a más, el PSOE dice que tratar de impedir las acciones ilegales provoca más conflicto y hay que dejar hacer.

Cabe recordar ahora, ante el cariz de lo que ocurre en Cataluña que Zapatero aplicó en 2010 la Declaración de Estado de Alarma y que la situación que hoy vive Cataluña podría llegar a demandar, ya que el propio presidente Torra anima a los rebeldes a incrementar sus acciones. El Estado de Alarma permite poner a los Mossos d’Esquadra bajo las órdenes directas del Gobierno. La situación de Cataluña, con grave quebrando de la paz pública y el derecho de libre circulación, pudiera aconsejar, si no se corta, meditar la decisión que hubo de adoptar Zapatero ante los efectos de la huelga de controladores aéreos que fueron militarizados en 2010. Además, si Torra sigue animando a que se ocupen las calles y se corte la vida pública en aquella comunidad, ¿queda otro remedio que aplicar otro 155, pero esta vez de verdad?.

El Estado de Alarma, el más leve de los tres estados excepcionales, está previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales. Se utilizó por primera vez en diciembre de 2010 cuando un paro salvaje de controladores obligó a cerrar el tráfico aéreo en España. En aquella ocasión, el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero militarizó las torres de control.
El Estado de Alarma se puede aplicar directamente por el Gobierno por un plazo de 15 días, aunque sus prórrogas deberán ser aprobadas por el Congreso de los Diputados. Aunque, en principio, esta situación no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas. La ley orgánica 4/81 faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar industrias y explotaciones, racionar el consumo de artículos de primera necesidad e imponer que se cumplan los servicios mínimos de una huelga.

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