La energía y la pobreza

Aunque estamos con una ola de calor nunca vista al inicio del otoño, las entidades que trabajan con los más vulnerables están velando sus armas de ayuda pensando en lo que pueda venir. Después de un verano caluroso se dice que nos va a cubrir un invierno frío. Una época estacional en la que la pobreza energética alcanza cada vez a más hogares en los que la crisis sigue azotando con fuerza y dejando jirones que son difíciles de cerrar.

A la pobreza energética es difícil definirla. En Cáritas recordamos lo que dice el Consejo Económico y Social de la Unión Europea que señala que afecta a aquellas personas que tienen dificultades para abonar las facturas de la energía o ven limitado su acceso a la energía por ingresos bajos, viviendas con un pésimo aislamiento térmico, equipamientos con escaso rendimiento, o elevados costes de la energía. Se trata, como dijo la investigadora británica Brenda Boardman, de la incapacidad para un hogar de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible.

Para muchas entidades sociales la pobreza es multidimensional y, como tal, debe ser abordada, desde un enfoque integral que incida en la vulneración de los derechos fundamentales. En el estado español está afectando al 10,6% de la población. Y en Galicia se dan unos parámetros muy parecidos.
Se ha detectado que existe ya un amplio reconocimiento social e institucional de la pobreza energética como problemática de entidad propia, que se sigue vinculando directamente con los efectos de la crisis en la sociedad española. También se ha detectado que en los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo debemos destacar dos bastante claras puestas en marcha estos días. La Fundación EDP con el programa “Energía Solidaria 2018”, cuyo objetivo es aumentar la seguridad, el bienestar y la eficiencia energética para las familias más desfavorecidas.

Y el Instituto Galego do Consumo e da Competencia lanza un protocolo para facilitar la gestión de ayudas urgentes de tipo social para evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. La iniciativa persigue hacer frente a las facturas de electricidad, con la finalidad de asegurar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica a este colectivo.

Finalizamos recordando que estamos en un Estado donde se reconocen y protegen derechos humanos relacionados con la vida. Las administraciones, local, autonómica y estatal, tendrían que tener muy en cuenta este precepto.

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