Corrupción y ética pública

La Ética pública que parte del servicio público es, desde luego, un arma de gran eficacia en la lucha contra la corrupción. La actividad pública se justifica en la medida que supone atención diligente a los asuntos colectivos y en que la integridad y la honestidad de los políticos y funcionarios es la condición necesaria para el ejercicio de las funciones públicas. La idea del servicio a la colectividad implica que los poderes y potestades se ejercen en beneficio de la colectividad y no en provecho personal. Por eso la Ética pública se refiere, no sólo a prevenir conductas negativas, sino a propiciar en el marco de la función pública, un ambiente de trabajo bien hecho, eficaz, sensible a los derechos de los ciudadanos.

La corrupción, lo sabemos bien, ni es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno propio de algunos países o culturas. Es tan antiguo como el hombre mismo y, aunque hoy se circunscribe, sobre todo, al ámbito del sector público, hay que reconocer que es un claro exponente del ambiente moral de la sociedad. Por eso, la responsabilidad social es también un elemento de primera magnitud en la lucha contra la corrupción. De ahí que no sea baladí preguntarse si la sociedad civil ha asumido su responsabilidad en la lucha contra la corrupción. La colaboración, pues, entre ciudadanos y poderes públicos es, en este campo también, fundamental

  La responsabilidad es fundamental en la lucha contra la corrupción, sobre todo, contra la tendencia a que la discrecionalidad se enmascare bajo formas más o menos de “razonabilidad” o de “control” que, al final, no son más que puras y claras arbitrariedades. Así, como señala Izquierdo, el concepto de responsabilidad adquiere carta de ciudadanía en el dinamismo organizativo, pues desde la perspectiva de una conducta absolutamente determinada por unas fuentes externas, la esencia de la responsabilidad acaba por desvanecerse. En este sentido la responsabilidad del que ejerce el poder se engarza con la Ética  pública pues es el propio servidor público el que actúa de acuerdo con su leal saber y entender, si bien ciertamente la organización puede condicionar, pero nunca, ni de lejos, determinar el sentido de la conducta del dirigente público. Puede ser que la jerarquía o los controles externos influyan sobre el funcionario, pero no hasta el punto de que se diluya su responsabilidad como sabe muy bien quien haya tenido que trabajar en el proceloso mundo de la discrecionalidad administrativa. Siempre existe la posibilidad de actuar de acuerdo con la propia conciencia y siempre se pueden, se deben, censurar las órdenes o instrucciones que supongan un atentado a la Ética pública. Y eso, esté donde se esté en la maquinaria administrativa.
Jaime Rodríguez Arana es catedrático de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela

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