Votos y vetos

 

Con casi nocturnidad y alevosía el Partido Socialista ha introducido una enmienda en una proposición de ley sobre formación de los jueces para mejorar la lucha contra la violencia de género que le permitiría una reforma exprés  de la ley de estabilidad presupuestaria, sortear el probable rechazo del Senado al techo de gasto pretendido, poder así sacar adelante las cuentas públicas del año que viene con un mayor margen presupuestario (cerca de 6.000 millones de euros más), y con este su proyecto clave en el bolsillo continuar en el poder hasta el final de legislatura o hasta cuando convenga.

Por muy rocambolesco y forzado que parezca, no se trata en esta ocasión de otro globo sonda,  de un nuevo exceso de locuacidad por parte de algún ministro o de una elucubración político mediática más o menos fundada. No. Se trata de un reconocimiento expreso por parte del propio Gobierno de que esa es la efectiva pretensión de la maniobra parlamentaria urdida. Y como tal  fue defendida y tomada en consideración en el pleno del Congreso del martes. Pretende en concreto que el eventual rechazo de la Cámara alta pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple.

Alega que es perfectamente legal y que ya ha tenido el visto bueno  del Tribunal Constitucional en –lo que está por ver- situaciones similares precedentes. Será, sí,  todo lo que se quiera que sea, pero a ojos de no pocos expertos e incluso del ciudadano de a pie medianamente informado, se trata de un manifiesto  fraude de ley. De una cacicada en toda regla.

Echar mano de tal pasarela para cuestiones en nada relacionadas entre sí supone un golpe de mano carente de legitimidad alguna. Es de creer que en el momento procesal oportuno y en virtud del inevitable recurso por parte de PP y Ciudadanos, el tema llegará a la mesa del TC. Pero es muy probable también que cuando el alto tribunal resuelva, los hechos se habrán irremediablemente consumado.

Y es que están dispuestos a lograr sus propósitos –lo llaman gobernar- como sea. Desde el minuto uno bien sabían que no tienen votos propios y sí vetos ajenos en relevantes decisiones. Pero ellos siguen adelante, bien echando mano fuera de toda justificación de los decretos-ley, forzando la oc/kupación de instituciones como RTVE en medio del cómplice silencio institucional de la profesión periodística, o bien teniendo que pactar con sus ocasionales y variopintos socios exigencias difícilmente digeribles.

Si una ley estorba, lo legítimo, normal y democrático es acometer su reforma por los procedimientos y cauces establecidos. En nuestro sistema institucional toda reforma es posible. Pero tienen tantas ansias, tanta osadía y tanta prisa que, si es preciso,  se la saltan sin rubor alguno. O la fuerzan hasta niveles insoportables. En ocasiones se conforman con hacer ruido. También les vale. No sé con todo si no les debería ser de aplicación lo que el rotundo expresidente Aznar le soltó sin contemplaciones el otro día al líder de Podemos: ustedes son un peligro para la democracia.

 

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