La controversia de las inmatriculaciones de la Iglesia

 

La inmatriculación es la primera inscripción de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad, que se produce estableciendo la titularidad de aquel sujeto que promueve la constatación registral de la finca. Este concepto es esencial para entender uno de los asuntos que preocupa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Existe un gran debate con la cuestión relativa a las inmatriculaciones que realizó la Iglesia sobre bienes conforme a la regulación implantada en la Ley Hipotecaria mediante el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario, que fue aprobado por el primer Gobierno de José María Aznar. Esa nueva norma, cuyo contenido resultó bastante cuestionable y cuestionado, estableció la supresión de la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico, y admitió, siguiendo las legislaciones especiales sobre Patrimonio del Estado y de las entidades locales, la posibilidad de inscripción de los bienes de bienes inmuebles con un privilegio. De este modo, por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, podía procederse por la Iglesia Católica con la primera inscripción de bienes inmuebles que no estuvieran recogidos en el Registro de la Propiedad, pudiendo aprovechar un expediente equiparable al que deben utilizar las Administraciones Públicas, que necesitan cumplir menos requisitos que los sujetos de naturaleza privada para lograr el acceso de fincas al folio registral correspondiente.

En el año 2015, se aprobó la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que suprimió la inmatriculación de bienes inmuebles de culto por la Iglesia. El Preámbulo de la norma indica que “la desaparición progresiva de las circunstancias históricas a las que respondió su inclusión, así como el transcurso de un tiempo suficiente desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que ya permitió la inscripción de los templos destinados al culto católico, proscrita hasta entonces, unida a la facilidad y normalidad actual, en una sociedad desarrollada, con una conciencia exacta del valor de los inmuebles y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que posibilita la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes, hacen que se considere que la utilización de este procedimiento especial por la Iglesia Católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el pasado, sea hoy innecesaria”.

El dictamen de una comisión formada por dos historiadores y el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, cuya finalidad es suprimir la titularidad registral de los bienes inmatriculados por la Iglesia señala que “el mecanismo jurídico más apropiado sería el de recabar apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”. Se ha afirmado en el diario El País que la persona que propuso esa “solución jurídica” fue Carmen Calvo, que participó en la comisión y que demostró, con su plan, tener unos escasos conocimientos jurídicos.

Según el artículo 33.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, “El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido”. Habría que impugnar el Real Decreto 1867/1998, que no puede atacarse jurídicamente con el recurso de inconstitucionalidad, y, aunque la norma indicada fuera una ley, ya habría transcurrido el plazo de tres meses que se establece en el artículo 33.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Además, como señala Ignacio Gomá Lanzón, la inscripción en el Registro de la Propiedad no implica la titularidad dominical, que puede corresponder a la Iglesia o al Estado, dependiendo de las circunstancias propias del modo de adquirir la propiedad.

Hay que destacar que solo hay dos opciones para que el Estado obtenga la titularidad dominical, en el caso de que no la tenga, de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia Católica. Una es la expropiación forzosa singular de cada uno de esos bienes inmuebles y otra es la expropiación legislativa de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia, debiendo destacarse que, con ambos instrumentos, el Gobierno debería indemnizar a la Iglesia, asumiendo un gran coste que se cubriría con el dinero de todos los ciudadanos.

Como puede entenderse, la solución propuesta por el Gobierno para acabar con las titularidades registrales de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia no es de fácil aplicación. Sin embargo, no parece que esa cuestión les preocupe, pues prefieren proponer soluciones que, aunque resultan imaginativas, no se ajustan al ordenamiento jurídico.

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