Ciudadanos marroquíes abusan del descontrol de la Sanidad española

La denuncia de una enfermera testigo del caso, en un hospital público de España ha dejado al descubierto uno de tantos abusos en torno a la asistencia sanitaria a extranjeros, antes incluso de que se recuperara la sanidad universal gratuita. Este fenómeno, la venida a España de personas que viven en el extranjero para ser atendidas gratis por nuestro sistema sanitario fue detectado hace tiempo por la policía de extranjería de Vigo.
En el caso comentado, la señora marroquí tiene permiso de residencia temporal caducado en Alemania. Con su hija, que vive en España, se presentó en un centro sanitario para requerir que le sea proporcionado el tratamiento que precisa por una enfermedad crónica, que requiere que le sea proporcionada una inyección cuyo costo es de más de 900 euros al mes, y que le debe ser administrada una vez cada treinta días. Ante este hecho, los servicios del hospital, dada las circunstancias han estudiado el caso, pese a que la traductora que acompañó a la madre y a la hija exigió que fueran atendidas porque la sanidad es gratis en España con independencia de la situación de la persona que la requiere.

Tiempo atrás, de manera casual, la policía de Vigo descubrió que marroquíes residentes legalmente en España gestionan con regularidad permiso de residencia temporal para familiares que residen en su país, y que acuden de modo regular a España para realizarse revisiones o tratamientos médicos diversos. Como en su día descubrió el Tribunal de Cuentas, España paga a Marruecos la asistencia sanitaria que este país presta a sus ciudadanos, residentes allí, que figuren como beneficiarios de la Seguridad Social Española como deudos de marroquíes que residan y estén afiliados a la misma en España.

El descontrol y la falta de cruce de datos permite situaciones diversas, como el caso descubierto en Vigo hace tiempo de la extraña entrada de ciudadanos portugueses “por urgencias” en el Hospital Xeral de Vigo, con dolencias que exigían hospitalización y tratamiento, con la paradoja de que de este modo pasaban por delante de las listas de espera de los propios españoles pendientes de ser atendidos. Cuando la administradora de centro sanitario lo puso en conocimiento del Consulado de Portugal en Vigo, le respondieron que era un problema de España.
En contra de la afirmación de que la asistencia sanitaria es gratis en España conviene recordar que la pagan los asegurados y el propio sistema público a través de la aportación del Estado que sale de los impuestos. En este caso, se calcula que la extensión de la sanidad universal generará un costo de unos 500 millones de euros al año, que asumirá íntegramente el Estado, es decir, los contribuyentes.

El descontrol permite situaciones como la descubierta en Vigo, cuando la policía descubrió a dos extranjeros con varias identidades y empadronamientos, que percibían en un caso cuatro rentas y en otro dos de la asistencia social. Se sabe que estos casos abundan.

El Real decreto que ha restablecido la sanidad universal gratuita, según la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, supone que los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura. Es decir, el caso general. Incluso algunos países que sí pueden pagar mantienen actualmente importantes deudas con España, siempre según la inspección del Tribunal de Cuentas.
El problema del caso de la señora marroquí cuestiona si puede encajar en la previsión del Real Decreto citado, sobre quiénes son los titulares del derecho a la atención sanitaria, como lo son las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España.

Según documenta el Tribunal de Cuentas, en 2009 –ejercicio al que hace referencia el informe– España únicamente cobró 369 de los 446 millones de euros adeudados por otros países, cantidad que responde exclusivamente a los convenios de asistencias sanitaria que nuestro país tiene con las naciones europeas, si bien estos países dejaron de pagar a España otros 72 millones. Asimismo, el Tribunal de Cuentas calificaba de «especialmente gravoso para España» el convenio sanitario vigente entre nuestro país y Marruecos. El informe señalaba que el país africano factura a España por la asistencia médica prestada a los familiares de trabajadores marroquíes empleados en nuestro país, pero que siguen residiendo en Marruecos, hecho que provocó en 2009 que el importe facturado por el reino alauí a España fuese 16 veces superior al facturado por España a Marruecos. Esta situación se agravaba si tenemos en cuenta que en España vivían entonces 67.277 marroquíes titulares de la tarjeta sanitaria por su condición de «personas sin recursos económicos suficientes». Esa cifra se ha disparado actualmente.

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