La rápida reforma constitucional para eliminar los aforamientos



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes 17 de septiembre que el Consejo de Ministros va a proponer reformar la Constitución para eliminar los aforamientos. Además, indicó que “entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados”. El problema es que no se ha concretado con precisión y, aunque la mejor opción parece ser la extinción total, se ha querido señalar que el objetivo va a ser retocar la regulación del aforamiento para que afecte, únicamente, a los delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, como si los dirigentes corruptos no delinquieran por la propia condición que es inherente al cargo que ocupan.

No deben existir dudas sobre la finalidad del anuncio sobre la reforma constitucional que serviría para acabar con los aforamientos, con la que, lógicamente, se pretende desviar la atención de las cuestiones que afectan a la tesis doctoral de Pedro Sánchez y a otros eventos que, afectando a otros miembros del Gobierno, se han revelado recientemente, siendo cierto que también sirve para presionar a Pedro Sánchez. Sin embargo, es cierto que la idea presentada para suprimir los aforamientos resulta muy atractiva y podría llegar a tener efectos interesantes si se produjera con toda la extensión que resulta deseable, ya que impediría maniobras y actuaciones procesales anómalas que carecen de sentido en el presente siglo.

Hay que valorar adecuadamente la posibilidad de reformar la Constitución para modificar el estatuto de los miembros del Gobierno, parlamentarios y otros sujetos y para incorporar la prohibición expresa del aforamiento en el Título VI, que regula el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Con esta simple alteración, se podría aplicar el tercer apartado de la Disposición derogatoria de la Constitución, que indica que “Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”, de modo que la reforma constitucional eliminaría los aforamientos estatales y los aforamientos autonómicos, con independencia de la norma que que los regulara.

Solo queda esperar a que se presente el proyecto de reforma constitucional, al que habría que temer, únicamente, por los posibles deseos de evitar que la modificación tenga éxito. El riesgo de que la reforma no se lleve a cabo es visible, pues puede estar utilizándose como cebo, y si se forzara el diálogo para terminar imposibilitando la viabilidad de la eliminación de los aforamientos, que muchos dirigentes públicos desean disfrutar, se mantendría esa figura del Derecho Procesal que debe desaparecer.

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