El Congreso debate tres decretos del Consejo de Ministros

El Pleno del Congreso de los Diputados se reune hoy para debatir la convalidación de tres reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio.

El primero de ellos es el Real Decreto-ley 5/2018 de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, concretamente al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta normativa europea desplaza varias disposiciones del derecho interno como gran parte de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo. Además, la norma europea remite a los Estados miembro el desarrollo de hasta 56 cuestiones que, en el caso de España, se realizan con este real decreto.

La adaptación del marco normativo interno al Reglamento General de Protección de Datos europeo ya fue tratado por el Consejo de Ministros en su sesión de 10 de noviembre de 2017 y supuso la aprobación de un proyecto de ley orgánica, remitido a las Cortes Generales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Aun así, el actual Ejecutivo entiende que determinadas cuestiones que no son objeto de reserva de ley orgánica “resulta imprescindible la adopción urgente de una norma con rango de ley” para adaptar el derecho español al europeo.

El segundo decreto que será debatido es el 6/2018, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados. Con él el Gobierno pretende dar respuesta al aumento en la carga de trabajo de los profesionales que trabajan en cuestiones de asilo en las costas y fronteras españolas ante el aumento de los flujos migratorios de países en conflicto como Siria, Palestina, Ucrania o varios países africanos. Por ello el Gobierno incorpora de manera urgente 323 plazas adicionales a la Oferta de Empleo público, 231 de ellas destinadas a mejorar los procedimientos en el ámbito del reconocimiento del derecho al asilo, tarea gestionada por el Ministerio de Interior, y 92 para el Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con el objetivo de reforzar los procedimientos en el ámbito de las migraciones

El último decreto que será debatido será el 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, mediante el cual el Ejecutivo busca “garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español”. Para ello, se recupera la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español.

Con este Real Decreto se modifica el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Según el nuevo Ejecutivo, esta norma “dejaba fuera de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España”, limitando la asistencia a casos de “urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica y a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto”. Para el actual Gobierno, esta decisión “se sustentó en criterios economicistas” y sus argumentos fueron “coyunturales y de limitado alcance temporal”, por lo que entienden que deben ser derogados al “no demostrar una mejora de la eficiencia en el ámbito sanitario”.

Informe subcomisión Estatuto del Artista y prórroga subcomisión reforma electoral

Además de estos tres reales decretos, el Pleno de la Cámara debatirá el informe de la subcomisión creada en el seno de la comisión de Cultura para la elaboración de un Estatuto del Artista. En este informe, los integrantes de la subcomisión proponen una serie de medidas tributarias y laborales para dotar al sector cultural de un modelo legislativo capaz de responder a las necesidades específicas de sus trabajadores y adaptarlo a las transformaciones tecnológicas y al incremento de la precariedad.

La última cuestión que se discutirá en el Pleno del jueves 6 de septiembre será la solicitud de la Comisión Constitucional para que se conceda una prórroga a la subcomisión para la reforma electoral y pueda entregar su informe hasta el 31 de diciembre de 2018.

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