No se leen ni el BOE

 

Un septiembre terrible nos espera. Y es que hemos entrado en lo que bien podría considerarse como el mes grande, las grandes ferias del independentismo catalán. Dentro de unos días, los del omnipresente lazo amarillo celebrarán el primer aniversario del inicio del golpe de Estado separatista; de aquellos  6 y 7 de septiembre de 2017 en que la mayoría independentista que controlaba el Parlamento regional inició su ruptura con la legalidad constitucional.

Siguieron, como mal que bien se recordará, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 del mismo mes, que obligó a la aplicación del artículo 155, oxidado como estaba por entonces por falta de uso. Y por medio, la celebración del gran festival de la Diada.  La que no espera será, como digo, difícilmente soportable. Política y mediáticamente.

Por fortuna, han surgido un par de cuestiones con cierto gancho de interés popular que han venido a poner sordina  al monotema catalán y que, al menos de momento, nos van a proporcionar un cierto frescor informativo.

Me refiero, por una parte, a la propuesta de la Comisión Europea para unificar horarios de verano e invierno y terminar así con el controvertido cambio en los relojes que un par de veces al año nos vemos obligados a hacer y que en estas nuestras latitudes no se veía de especial utilidad ni para el pretendido ahorro energético. Y por otra, cómo no, a la aprobación del primer sindicato de prostitutas en España, o dicho en términos oficiales, del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales; OTRAS, según sus siglas.

“Un gol por toda la escuadra”, resumió con contundencia y gran enfado la ministra Magdalena Valerio. Han contado las crónicas madrileñas que cuando la titular de Trabajo se enteró de la desfeita, se pasó toda la tarde buscando responsables y que, para liberar su rabia, hizo trizas una copia en papel de la resolución administrativa de marras.

Según confesión propia, el disgusto que se pilló fue uno de los más gordos padecidos en su ya dilatada carrera profesional y política. Ipso facto, dio órdenes tajantes a sus colaboradores para revertir inmediatamente una decisión que consideraba una afrenta. Y en esas están su departamento y el Gobierno mismo a través de la Abogacía del Estado.

Habrá que ver cómo deshacen, cual pretenden, el desaguisado de fondo, pues OTRAS reúne los requisitos formales previstos en la ley de Libertad sindical (agosto 1985) y en el decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (mayo 2015).

Lo que sucede que la ministra Valerio se quedó corta. Fue, ciertamente, un gol por toda la escuadra, pero también un gol en propia puerta; un  gol de su propio equipo ministerial, pues la resolución ha procedido de la Dirección general de Trabajo y el texto lleva la firma de Concepción Pascual, inspectora de Trabajo y  desde hace un par de meses titular de dicho departamento.

El colofón del incidente es que a la ministra le dio el sofocón político cuando la autorización ministerial llevaba casi un mes publicada en el Boletín Oficial del Estado y que en el Ministerio nadie lo había advertido hasta que un medio de comunicación dio cuenta de ello. Por lo que se ve, no se leen ni el BOE. Un síntoma más del descontrol de este atropellado Gobierno.

 

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