Principios y convicciones

En términos generales, la desproporción reinante entre lo que se proclama, lo que se afirma y la realidad de las cosas, tal y como estas son, manifiesta una cierta esquizofrenia que no es más que la constatación del miedo a la verdad, del miedo a la razón y, sobre todo, del miedo a la libertad. Por ejemplo, si uno afirma el derecho a la vida como derecho incondicional siguiendo la tesis del profesor alemán Kriele, será tachado de intolerante.

En mi opinión, lo que pasa es que hemos canonizado la tolerancia, convirtiéndola en fin, satanizando los principios o convicciones que hagan posible considerar equivocadas las opuestas. Y, por lo tanto, prohibidas las convicciones, y de paso, los principios. Pero sólo para algunos, porque esta regla es una convicción también que, además de contravenir la argumentación, coloca a quienes la formulan en una posición de supremacía injustificable en una democracia.

Spaeman ha señalado recientemente que esta perspectiva de la tolerancia, que lamina la dignidad del ser humano en cuanto portador de derechos y libertades, trae consigo la dictadura del relativismo. Una cosmovisión predominante que convierte a la persona en sujeto disponible para cualquier tipo de imposición colectiva. Las convicciones y los principios no son posibles, salvo la única tolerable: que no puede haber convicciones. Y no puede haber convicciones o verdades, digámoslo claro, porque entonces se desvanecería el colosal imperio montado sobre la tolerancia del que no pocos viven opíparamente.

Si los derechos fundamentales de la persona se concibieran de forma incondicional, sin posibilidad de disponer sobre ellos en el mercado o en la transacción política, no perderían, como hasta ahora, los débiles: los que están a punto de ser, los que van a dejar de ser o los que son de manera limitada. Tampoco sufrirían tantos castigos y flagelos los más desamparados y los más desfavorecidos. Incluso la democracia actual dejaría de ser ese sistema dominado por una minoría que busca denodadamente, a través de las más arteras técnicas de manipulación, hacer creer al pueblo que gobierna para el interés general. Un interés general, por cierto, nunca tan susceptible de privatización como en este tiempo de lacerante crisis para las mayorías y de éxito sin precedentes para esas minorías que imponen la tolerancia de la que obtienen tan pingües beneficios. Un interés general que se despacha habitualmente sin apelación a la razón porque se piensa que su presupuesto es la fuerza de los votos.

Si no cambiamos el rumbo de las cosas, seguiremos instalados en ese rancio relativismo del prohibido prohibir, en ese ambiente camaleónico que prima el todo vale, y en ese sutil vaciamiento de los más elementales aspectos que configuran la centralidad de la condición humana. Mientras sigamos anclados en este ambiente, la minoría rectora que impone esa peculiar tolerancia y ese singular pluralismo seguirá dictando lo conveniente y eficaz, no lo olvidemos, para sus intereses, tantas veces expresados en forma de dígitos de muchas unidades, decenas, centenas, millares, millones de euros. Menuda estafa.

 

Jaime Rodríguez-Araña es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago

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