Responsabilidades por el derrumbe de O Marisquiño

El derrumbe de un muelle durante el festival de música de O Marisquiño se debió a un fallo estructural, según el Ayuntamiento de Vigo, controlado por el PSOE, y la Autoridad Portuaria, controlada por el PP. Sin embargo, ninguno de esos entes se responsabiliza del suceso, que dejó a cerca de 400 personas heridas y que se generó por defectos de mantenimiento claramente perceptibles.

La responsabilidad patrimonial que se ha generado y por la que se podrán dirigir reclamaciones por la aseguradora y por los perjudicados cuyos daños no se puedan reparar por el seguro va a ser bastante contundente, de modo que la cuantía de las indemnizaciones correspondientes será, por tanto, muy alta, siendo posible que se determine la responsabilidad civil solidaria del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria. Además, hay que tener presente la investigación que se ha iniciado por la posible comisión de delitos de lesiones en un juzgado de instrucción.

Lo kafkiano es que la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad penal podrían ser los factores menos importantes para los dirigentes que se están lanzando acusaciones recíprocamente desde las instituciones implicadas, que representan al municipio y a la Comunidad Autónoma, que están controladas por rivales políticos que se la van a jugar dentro de unos meses en las elecciones autonómicas y en las locales. Acudir a los actos de la campaña electoral correspondiente con el factor de la responsabilidad política pendiente por lo ocurrido en O Marisquiño podría constituir un lastre electoral que quieren evitar tanto el PP como el PSOE. Por ese mismo motivo, en lugar de cooperar, no han dejado de echarse porquería encima sobre el asunto desde el mismo día de los hechos de una manera interesada y lamentablemente egoísta.

Debería haberse actuado con más sensibilidad por parte de los dirigentes públicos implicados, dejando las disputas para un momento posterior al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, el miedo a que se puedan derrumbar los objetivos electorales planteados ha sido muy superior a ellos y ha hecho que se descontrolen de una manera sonrojante por un asunto en el que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria tienen una responsabilidad muy similar por la zona afectada por el derrumbe y por las funciones que se desarrollaban en la misma por las dos entidades.

Teóricamente, los dirigentes políticos representan a los ciudadanos y garantizan la satisfacción de los intereses generales. El problema es que, más allá de la teoría, se representan a ellos mismos y velan por el cumplimiento de sus propias finalidades.

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