Primeros pagos

 

Que el PNV no se sumó a la moción de censura contra Mariano Rajoy sólo para  volver a quedarse con las prebendas presupuestarias ya recibidas en la negociación con el  Partido Popular, parece más que evidente. Que el PNV vio en aquel golpe de mano del más endeble Pedro Sánchez una ocasión de oro para obtener nuevas  rentas políticas, está también fuera de toda dudas. Y que tales beneficios habrían de contemplar la vieja reivindicación del acercamiento, cuando no del traslado, de los presos etarras a cárceles del País Vasco, no admite duda.

Por tanto, la transferencia de los dos primeros reclusos beneficiados no puede ser vista sino como una relación causa-efecto entre la necesidad de uno y el interés del otro.  O dicho sin tanto rodeo, como un pago del Gobierno por el apoyo prestado por el Partido Nacionalista Vasco. O en palabras del líder del PP, Pablo Casado, como una contraprestación a una moción de censura vergonzante.

Desde Moncloa se insiste en que todo se va a hacer de manera individualizada y que no habrá acercamientos  generalizados. Endeble argumento porque, aunque distanciados unos de otros, la suma de todos los casos bien puede venir a significar un traslado colectivo en  tiempos relativamente cortos.

A modo de justificación se alega así mismo que durante la presidencia de José María Aznar se produjeron también traslados y acercamientos. Unas fuentes hablan de cien casos y otras de doscientos. Mucho no se ponen de acuerdo. Pero si alguna tentación hubo de aflojar la cuerda de la dispersión penitenciaria entonces vigente,  la firmeza del ministro Mayor Oreja pudo con ella.

No deberían, con todo, sorprender las críticas surgidas con los primeros casos de ahora: los de Olga Sanz y Javier Moreno, que cumplían condena en una prisión asturiana y que tras haber accedido al tercer grado penitenciario pidieron y han logrado su traslado a la cárcel vizcaína de Basauri.

Críticas, recelos y reticencias, porque aun conformes con la procedencia de la actuación gubernamental en los casos señalados, asociaciones  como Covite (víctimas vascas) y la AVT no ocultan la necesidad de estar vigilantes ante los movimientos que puedan producirse próximamente. Porque la voluntad de Moncloa de revisar la política penitenciaria es clara y habrá más traslados.

No sólo es el PP de Casado el que está en guardia. Y es que tanto víctimas como partidos de oposición no se fían del Gobierno. Hace un par de meses el propio Pedro Sánchez  lanzó la primera cortina de humo sobre la cuestión diciendo que habrían de tener prioridad los presos ancianos y enfermos, y ya se ha visto cómo se ha producido la primera muestra.

Y no se fían porque  se desconoce cuáles son los compromisos apalabrados por el Gobierno para que el PNV cambiara de bando y apoyara la moción de censura. Pero ya se sabe que éste vende caro y exige pronto pago. Puede temerse, pues, cualquier cosa.

 

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