Felipe es rey y jefe del Estado

Felipe VI tiene dificultades de convivencia con políticos independentistas de comunidades como Cataluña o Baleares debido al papel de la Casa Real en la crisis política catalana y, en especial, al discurso del monarca del pasado 3 de octubre, por entenderse desde Barcelona que estaba cargado de odio contra la ciudadanía catalana que había sufrido la violencia policial. Es su punto de vista, políticamente respetable, del mismo modo que lo sería el de Felipe VI. Por tanto, algo comprensible en un país democrático con libertad de expresión.

El problema, desde el punto de vista político, no está en lo que piensen unos y otros, ni siquiera en las críticas demoledoras que se hacen en ese contexto. Tampoco hay mayor problema si las discrepancias se producen en el marco del debate parlamentario. Faltaría más.

Las dificultades empiezan a surgir en el plano de la representación institucional si se llega al extremo de negar las legitimidades de las partes en conflicto, ya que no es lo mismo la representación institucional que la mera representación partidaria. Quim Torra, por ejemplo, no es solo un político independentista catalán, es el presidente de la Generalitat de Cataluña y, como tal, es oficialmente el primer representante del Estado en Cataluña. Es decir, en su casa, en la prensa o en el Parlamento puede decir lo que quiera pero como presidente de todos los catalanes y como autoridad del Estado -las comunidades autónomas son Estado- debe respetar a todos los ciudadanos -a todos, sin excepciones- y al propio Estado español.

Con Felipe de Borbón pasa algo por el estilo, aunque su caso es más particular y peculiar. El rey es el jefe del Estado, y lo es porque así lo dice la Constitución. Puede opinarse lo que se quiera al respecto, pero no se puede cuestionar ese precepto constitucional, salvo modificando la Carta Magna, para lo cual existen vías. Quiere eso decir que en España, mientras no se cambie la Constitución, hay un jefe del Estado que es rey. Obviamente, eso no le gusta a mucha gente -empezando por los republicanos- pero es lo que hay. Y no solo eso, como jefe del Estado es el símbolo de su unidad y permanencia, con poderes para arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

¿Se puede cuestionar la monarquía? Claro. ¿Y al rey? También. Lo que no puede un Estado es no tener jefe del Estado, sea rey o no lo sea. Algo tan obvio parece que se está olvidando en una parte de España -y de los españoles- al no caer en la cuenta de que Felipe es rey y jefe del Estado, en todo su territorio. Probablemente esta situación admite una revisión constitucional pero eso es algo que exige modificar la Carta Magna.

Cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice que él no invita al jefe del Estado a ningún acto no pasa nada. No está escrito en ningún sitio que deba invitar a Felipe VI. Ya es más discutible lo que subraya a continuación cuando asegura que no asistirá a ningún acto convocado por la Casa Real. En ese caso habría que decir depende. Depende de lo que estemos hablando. Porque el jefe del Estado protagoniza actos que están refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, dice la Constitución. El presidente de la Generalitat es eso mismo: presidente del gobierno autónomo de Cataluña. Y si Quim Torra fuese algún día presidente de un nuevo Estado lo tendría que respetar  igualmente, ya que el rey es el jefe del Estado español.

Menos problemas plantea lo sucedido en Baleares, ya que la cortesía no está regulada por la Constitución. La recepción que los Reyes ofrecieron en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca no contó con los representantes de Podemos y Més en las principales instituciones de las islas y que gobiernan en coalición con el PSOE. Las ausencias destacadas fueron la del presidente del Parlamento balear y miembro de Podemos, Baltasar Picornell, quien excusó su ausencia por un viaje, y las del alcalde de Palma y el presidente del Consell de Mallorca, Antoni Noguera y Miquel Ensenyat, ambos de Més -una formación soberanista-, quienes rechazaron asistir por “convicción republicana y democrática”. Bueno, evidencia un problema político pero no constitucional. Ni siquiera institucional.

Parece de sentido común que el rey Felipe VI acuda como jefe del Estado al acto del primer aniversario de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils -no es la Generalitat la institución que invita, sino el Ayuntamiento de Barcelona- y parece de sentido común que el Gobierno del PSOE -no necesariamente la Casa Real- tienda puentes con las formaciones políticas que son socios del PSOE en diversas instituciones para que prevalezca el respeto al jefe del Estado. Aunque después se junten para cambiar la Constitución. El asunto, en el fondo, es bien sencillo. Resulta que el rey es el jefe del Estado, que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y que sus actos están siempre refrendados por el Gobierno. Es más, de los actos del rey son responsables las personas que los refrendan; léase el presidente del Gobierno y, en su caso, sus ministros.

 

Jose Luís Gómez es periodista y editor de Mundiario.com”

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar