El presidente de la Generalitat no pedirá el acta a los diputados suspendidos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, manifestó que no pedirá a ninguno de los diputados afectados por el auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que abandonen su acta. “Desde Edimburgo, donde se reunió con la primera ministra escocesa y con la exconsejera huida, Clara Ponsatí, tildó de “indecente” el que “a políticos elegidos democráticamente se les pretenda suspender de sus derechos y libertades”. Tras señalar que “la separación de poderes en España es un mito”, subrayó que será el Parlamento catalán “quien deberá responder y debe hacerlo de manera colectiva”. Durante su encuentro con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, Quim Torra transmitió el mensaje de conseguir un referéndum pactado con el Gobierno español, a imagen del que los escoceses celebraron en 2014.

Por otro lado, la CUP, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), volvieron ayer a criticar la reunión de Torra con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. María Sirvent, diputada de la CUP, dijo que no se puede defender desde la retórica la república y a la vez aplicar políticas neoliberales por consejeros que gestionan la normalización del autonomismo. Respecto a la suspensión de los diputados decretada por el juez Llarena, también desde la CUP, Carles Riera, dijo ayer que el Parlamento catalán “debe desobedecer por dignidad”.

Por otra parte, Los exconsejeros de Presidencia, Jordi Turull, de Interior, Joaquim Forn, y de Territorio Josep Rull, llegaron ayer a la cárcel de Lledoners, donde desde el pasado 4 de julio permanecen ingresados los también exconsejeros Oriol Junqueras y Raül Romeva, además de los exlíderes de organizaciones independentistas Jordi González y Jordi Cuixart. Con esta llegada, los nueve políticos independentistas presos ya están reagrupados en Cataluña.

En otro orden de cosas, la Mesa del Parlament elegirá hoy como letrado mayor a Joan Ridao, exsecretario general de ERC y exdiputado de este partido en el Parlament y en el Congreso. Ridao ocupará el cargo que dejó vacante Antoni Bayona, que dimitió el 5 de junio tras diversos desencuentros con el presidente de la Cámara, Roger Torrent.

 

SUSPENSIÓN DE CARGO PÚBLICO

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó con anterioridad un auto en el que concluye la instrucción de la causa del procés y suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco diputados encausados tras confirmar su procesamiento por el delito de rebelión. La suspensión no se aplica al exconseller Antoni Comín, fugado en Bélgica, al aceptar el magistrado su intención de recurrir el auto de procesamiento ya que no se le notificó hasta el pasado 5 de junio.

En la resolución, Llarena defiende que la suspensión de los diputados es una medida cautelar “extraordinaria” que persigue preservar el orden constitucional para impedir que personas que “ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia de democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad”.

El auto recuerda que es la Mesa del Parlament la que debe adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y deja la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas. El magistrado añade que esta medida es provisional y que si su situación procesal cambia podrían recuperar su condición política.

El juez Llarena declara en rebeldía a Puigdemont y al resto de investigados huidos, al tiempo que abre una pieza separada sobre su situación.

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