El Tribunal Supremo suspende de cargo a los seis diputados catalanes encausados

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó ayer un auto en el que concluye la instrucción de la causa del procés y suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco diputados encausados tras confirmar su procesamiento por el delito de rebelión. La suspensión no se aplica al exconseller Antoni Comín, fugado en Bélgica, al aceptar el magistrado su intención de recurrir el auto de procesamiento ya que no se le notificó hasta el pasado 5 de junio.

En la resolución, Llarena defiende que la suspensión de los diputados es una medida cautelar “extraordinaria” que persigue preservar el orden constitucional para impedir que personas que “ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia de democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad”.

El auto recuerda que es la Mesa del Parlament la que debe adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y deja la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas. El magistrado añade que esta medida es provisional y que si su situación procesal cambia podrían recuperar su condición política.

El juez Llarena declara en rebeldía a Puigdemont y al resto de investigados huidos, al tiempo que abre una pieza separada sobre su situación.

 

 

JUNTS PER CATALUÑA Y LA CUP

Junts Per Catalunya y la CUP pidieron ayer que el Parlament vote si se suspende o no a los seis diputados afectados, es decir, si se acata o no la orden del juez. El presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, no reveló cuál será su decisión y acusó al juez Llarena de querer “alterar las mayorías” parlamentarias. Torrent argumentó que la resolución “no es firme” y añadió que la Mesa de la Cámara la estudiará. ERC también pidió tiempo para leer la interlocutoria antes de pronunciarse. La portavoz de esta formación en el Parlament, Anna Caula, consideró “impropio de una democracia” que un juez “pueda suspender a un diputado” que ha sido elegido por los ciudadanos.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont cuestionó “la calidad democrática del Estado” y acusó a la Justicia de “quebrantar” el voto de los ciudadanos.

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