Cataluña y la unidad jurisdiccional

La posibilidad de aprobar leyes orgánicas con los contenidos del Estatuto de Cataluña que anuló el Tribunal Constitucional en el año 2010 fue expuesta por Meritxell Batet hace varios días. Muchos temen que, por esa iniciativa, se pueda instaurar una organización jurisdiccional propia de Cataluña.

El Estatuto de Cataluña recogía, antes de su declaración de inconstitucionalidad parcial, determinados preceptos vinculados con la organización jurisdiccional. Un precepto que debía tenerse presente era el artículo 97, que establecía que “El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña”, que fue declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, porque “es obvia la infracción de los arts. 122.2 CE y 149.1.5 CE, según es doctrina reiterada (por todas, STC 253/2005, de 11 de octubre, FJ 5), pues ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, exclusivo del Estado, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede determinar la estructura y funciones de aquel Consejo dando cabida, en lo que ahora interesa, y en su caso, a eventuales fórmulas de desconcentración que, no siendo constitucionalmente imprescindibles, han de quedar, en su existencia y configuración, a la libertad de decisión del legislador orgánico con los límites constitucionales antes expresados”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 173/2014, de 23 de octubre, establece que “La Constitución configura un Poder Judicial único, cuya organización y funcionamiento se sustentan en el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) y en la unidad del cuerpo de Jueces y Magistrados de carrera (art. 122.1 CE), al tiempo que encomienda el gobierno de ese Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 CE)” y que “Sobre ambas materias ostenta el Estado una competencia exclusiva, que le atribuye el art. 149.1.5 CE y que debe ejercer mediante un específico instrumento normativo, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1 y 2 CE)”. Con esos fundamentos jurídicos, es impensable que el Estado pueda permitir la existencia de organizaciones jurisdiccionales propias para las Comunidades Autónomas en las que exista interés sobre esta cuestión, entre las que se podría incluir a Cataluña, pues se requiere la centralización del poder jurisdiccional.

Hay que tener presente que la unidad jurisdiccional tiene una gran relevancia porque permite la existencia de una única organización judicial con juzgados y tribunales que, en la medida de lo posible, puedan garantizar, bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo y con el gobierno del Consejo General del Poder Judicial, una mayor cohesión y coherencia en la interpretación y aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico vigente.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar