El ministerio socialista del Interior cede en el traslado de los independentistas a cárceles catalanas

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, comunicó ayer a la Generalitat el traslado de seis de los nueve políticos independentistas catalanes en prisión a cárceles de Cataluña. La decisión afecta al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Se trata de los seis presos que la semana pasada solicitaron el traslado y sobre los que el juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, afirmó que no existe “razón procesal” para mantenerlos en prisiones de Madrid, como ha ocurrido hasta ahora. Los únicos presos sobre los que Llarena no se ha pronunciado aún son los exconsellers Jordi Turrull, Josep Rull y Joaquim Forn. Según Interior, estos presos serán trasladados “más adelante”, ya que los trámites que les afectan no han concluido todavía.

Instituciones Penitenciarias ordenó que los seis presos que serán trasladados a Cataluña fueran reagrupados en la prisión de Valdemoro, para viajar hoy a Zaragoza y, posteriormente, a Cataluña, donde llegarán el miércoles. Junqueras, Romeva, Sànchez y Cuixart serán trasladados a la cárcel de Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona. Bassa y Forcadel ingresarán en la prisión de Figueras, en Girona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que el traslado de prisión de los dirigentes independentistas catalanes encarcelados es el resultado de aplicar la legislación penitenciaria y no hay ninguna implicación política. En la conferencia de prensa que ofreció en Lisboa junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, recalcó que el Gobierno ha sido muy transparente desde el primer momento en torno a esta cuestión, y que siempre dijo que una vez culminada la fase de instrucción se les podría acercar a donde están sus familias y tienen arraigo social de acuerdo con la legislación penitenciaria.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió ayer que el acercamiento de los presos es “parte del trámite normal de la legislación penitenciaria”. De igual modo, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, consideró que, una vez acabada la instrucción judicial, lo lógico es acercar a los presos preventivos del procés a sus “familias y a su entorno”.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró que se trata de “una buena noticia”, ya que “no es normal” que sus familias tengan que hacer cientos de kilómetros para visitarlos. No obstante, Iglesias insistió en que ninguno de ellos debería estar en prisión.

En esta línea, la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, celebró el traslado de los presos a cárceles catalanas, pero insistió en exigir su libertad. También el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, consideró “una vergüenza” que los presos no hayan sido trasladados antes a Cataluña y reclamó su libertad.

Desde otras perspectivas, PP y Ciudadanos interpretaron que el traslado de los presos es una nueva demostración de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que hacer frente a hipotecas contraídas por el respaldo de las fuerzas independentistas a su moción de censura contra Mariano Rajoy. Así, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, indicó que esto es una demostración de que “el Gobierno tiene que estar permanentemente haciendo concesiones a los populistas e independentistas”. La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió explicaciones a Sánchez por una decisión que, en su opinión, es “puramente política” y que supone “no aplicar y no respetar” el Estado de Derecho.

Desde Ciudadanos, la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, afirmó que el traslado de presos es un “nuevo pago” del presidente del Gobierno a los independentistas y consideró “increíble” que el control de estos presos “se deje en manos de quienes amenazan con dar otro golpe”. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, alertó de que una vez que se produzca el traslado, los presos pasarán a estar bajo control de la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, cuyo partido, ERC “acaba de decir que se mantiene en la declaración unilateral de independencia”.

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