Un nuevo procedimiento contra los okupas

Próximamente se va a aprobar una ley para reformar la legislación procesal con el objetivo de facilitar la recuperación posesoria de las viviendas frente a los okupas. La Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social, inició su tramitación parlamentaria en enero de 2017 y, antes de ser analizada por el Senado, ha recibido el impulso definitivo en el Congreso gracias a los votos del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. El PSOE y Unidos Podemos se han opuesto a la medida.

La nueva regulación va a cambiar algunos aspectos del régimen jurídico del juicio verbal, que, tras la entrada en vigor de la ley de reforma, incluirá en su ámbito las demandas que pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario, siempre que se trate de personas físicas, o bien de entidades sociales y de administraciones públicas tenedoras de un parque de vivienda de alquiler social, con derecho a poseerla, por haber sido desposeídos de ella sin su consentimiento.

El procedimiento va a resultar bastante sencillo. El órgano jurisdiccional competente acordará, de forma simultánea con el traslado de la demanda para su contestación, mediante un auto, la entrega de la posesión inmediata al demandante que así lo solicitare y aportare título que acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella, sin exigir caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal. Simultáneamente, la autoridad judicial comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio de que se trate, la apertura del proceso de desocupación ilegal, a los efectos de la adopción de las medidas correspondientes, si proceden. El demandado y los ocupantes de la vivienda podrán oponerse al auto que acuerde el lanzamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de 10 días, sin que se suspenda la efectividad de la medida. La sentencia que se dicte no impedirá que los terceros afectados puedan acudir al proceso declarativo posterior, pero, en el caso de que la resolución sobre la demanda formulada en el ejercicio de la acción posesoria fuera favorable al solicitante, bastará para su ejecución la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la misma norma.

El PSOE y Unidos Podemos, cuyos líderes parecen estar más interesados en acabar con los propietarios que en extinguir la pobreza, se han opuesto a la reforma, que parece adecuada en la medida en que el derecho a la propiedad es un derecho de los ciudadanos que tiene una mayor protección que el derecho a la vivienda, conforme al artículo 53 de la Constitución. Sin embargo, deberían estar muy tranquilos, pues parece difícil que los trámites puedan desarrollarse respetando los plazos que se van a establecer con la nueva regulación del juicio verbal.

La falta de medios de los juzgados que van a tener que encargarse de desarrollar las actuaciones para luchar contra los okupas, incluyendo el lanzamiento con el desalojo, va a condicionar, en el largo plazo, la eficacia de la reforma hasta hacerla inocua. Este hecho se conoce, pero siempre es más cómodo legislar, creando nuevas normas sin pensar en la manera de garantizar el cumplimiento de las mismas.

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