El Constitucional suspende la ley catalana para la investidura “no presencial” de Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno presentado contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno, por la que s permitía investir presidente de la Generalitat a un candidato de forma no presencial. Dicha admisió conlleva, en virtud del artículo 161.2 de la CE invocado por el Gobierno, la suspensión automática de la ley catalana.

El Tribunal también suspende la aplicación de los nuevos apartados tres a seis del artículo 35 de la Ley 13/2008, que permiten al Gobierno de la Generalitat y demás órganos colegiados convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, utilizando medios telemáticos.

La providencia dictada acuerda en su parte dispositiva lo siguiente:

– “Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del
Gobierno.

– Dar traslado de la demanda y documentos presentados, al Congreso de los Diputados y
al Senado, así como a la Generalitat y Parlamento de Cataluña, para en el plazo de 15 días, puedan
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.
Con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, se suspende el plazo para que el Gobierno de Cataluña pueda personarse y
formular alegaciones.

– Tener por invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de
los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso 2533/2018 para las partes del
proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros.

– Notificar personalmente la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña,
don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María
Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurrull, don David Pérez Ibáñez, don Joan
García González y doña Alba Vergés i Bosch. Notifiquese, igualmente, de manera personal al Secretario
General, don Xavier Muro i Bas y al Letrado Mayor, don Antoni Bayona i Rocamora.

– Advertir a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga
ignorar o eludir la suspensión acordada.

– Recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar
las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.

– Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de la Generalitat de Cataluña”.

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