La clave de la condena a Jacinto

Un tribunal jurado determinó que procedía condenar a Jacinto, que tiene 83 años, por matar en 2015 a uno de los dos hombres que accedido a su vivienda familiar y que torturaban en ese momento a su esposa para robar todo lo que fuera posible. Aunque se alegó la circunstancia de la legítima defensa para lograr la absolución del anciano, los miembros del tribunal del jurado consideran que Jacinto tenía otras opciones para defenderse sin ocasionar la muerte del fallecido, de modo que se aplicó una rebaja de la pena la aplicación de la circunstancia eximente incompleta.

Hay que decir que el fallo condenatorio que afecta a Jacinto, que haber sido exculpado por la concurrencia de una circunstancia eximente completa de legítima defensa, parece tener una clave, relacionada con la débil imparcialidad del Tribunal del Jurado. Los miembros de los tribunales del jurado son personas sin conocimientos jurídicos sin experiencia en la apreciación y valoración de las pruebas para determinar si unos hechos deben ser considerados probados o no, de modo que carecen de herramientas para evitar que tengan presentes elementos extraprocesales que puedan condicionar indebidamente su razonamiento para fijar el veredicto. Las víctimas en los delitos contra la vida siempre pueden tener cierta ventaja, ya que, para las personas que no desarrollan labores jurídicas habitualmente, siempre resulta más sencillo empatizar con aquellos que han sufrido las consecuencias de delitos graves. La abogada que se encargó de dirigir la acusación particular tuvo oportunidades para hacer que su causa fuera la del tribunal del jurado y las aprovechó adecuadamente.

La condena a Jacinto puede llegar ser totalmente irrelevante a efectos penales, pues no será difícil conseguir el indulto si finalmente lo termina necesitando. Sin embargo, la condena tiene un gran valor en lo que se refiere a la responsabilidad civil derivada del delito, por la que el anciano deberá indemnizar a la familia del fallecido. Según el artículo 116 del Código Penal, toda persona responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños y perjuicios. Si la conducta no fuera delictiva por la concurrencia de una circunstancia eximente, seguiría existiendo responsabilidad civil, salvo en los casos en los que se excluya la responsabilidad criminal por legítima defensa o por cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Las consecuencias de la aceptación de la legítima defensa debieron tener una gran incidencia en la estrategia de la acusación particular, que conocía perfectamente las implicaciones de la aceptación de la legítima defensa completa, que conllevaba excluir la indemnización para reparar el daño sufrido por la familia de la persona fallecida.

El caso de Jacinto puede ser útil para comenzar a cuestionar la viabilidad de los procesos por delitos contra la vida a través de los trámites procedimentales del Tribunal del Jurado. La razón es sencilla, pues las emociones deben quedar al margen para valorar las pruebas en los procesos penales y casos como los de homicidios afectan claramente a los sentimientos.

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