Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá

Las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales pidieron la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones sobre el magistrado Ricardo González, firmante del voto discrepante de la sentencia de La Manada que pedía su absolución, de quien dijo: “Cuando todos saben que tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo General del Poder Judicial no actúe”. En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales existentes en España consideraron “una temeridad” que el ministro de Justicia siembre dudas sobre la capacidad de un juez y criticaron su “intromisión”.

“Hoy es por el juicio de La Manada, pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno. Este es el verdadero peligro: la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”, señala el comunicado.

EL CGPJ POR LA “MESURA”

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llamó a la “moderación, prudencia y mesura” y a la “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/juezas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

Catalá respondió a las críticas alegando que su obligación es “alertar” de las anomalías en el funcionamiento de la Justicia para que el CGPJ y los propios jueces actúen. “Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros”, dijo. Y añadió: “Yo no debo ser ciego, sordo y mudo”. “El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”, agregó.

Según reflejan los diarios, la Audiencia Provincial de Navarra envió recientemente varios informes al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad foral para que instase al CGPJ a inspeccionar la Sección Segunda, a la que pertenece el magistrado Ricardo González por el retraso en la redacción de sentencias y por sus resoluciones “anómalas”. Según el CGPJ no se han solicitado “seguimientos e inspecciones en relación con la actividad profesional del magistrado” y no existen expedientes disciplinarios contra el juez en los últimos cuatro años.

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