El Gobierno revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal

El Gobierno anunció que va a analizar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal, para adaptarlos a la “nueva concienciación social”, tras conocerse la sentencia que condena a los acusados de La Manada por abusos sexuales y no por agresión sexual. Así lo explicó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que indicó que la tipificación actual data de 1995, y que desde entonces la sociedad “ha cambiado afortunadamente y en positivo”. Por ello, Méndez de Vigo apostó por “trasladar a los textos legislativos esa nueva actitud social que ya hay en nuestro país”.

El ministro detalló que el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha puesto en contacto con la sección penal de la Comisión General de Codificación “para valorar” si es preciso “una actualización”. Una modificación que, subrayó, debe hacerse “reposadamente”, y contando con todos los grupos políticos, ya que se trata de una modificación de una Ley Orgánica.

Méndez de Vigo reiteró que “el Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas”, y tachó de “deleznable” lo ocurrido en Pamplona hace dos años. Respecto a la sentencia contra los miembros de La Manada, insistió en que el Gobierno “acata y respeta” las decisiones judiciales, si bien recordó que “no se trata de una sentencia firme”, sino que caben recursos.

La revisión del Código Penal la propusieron también el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Paralelamente, la oposición pidió y consiguió la convocatoria para el próximo jueves de la Comisión para la Violencia de Género que se constituyó hace dos semanas y que tiene como tarea llevar a cabo el seguimiento y control del Pacto contra la Violencia de Género.

Mientras, asociaciones de mujeres ven bien que el Gobierno haya abierto la puerta a actualizar el ordenamiento jurídico y revisar la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso. No obstante, advirtieron de que el problema no es la ley, sino de “perspectiva de género” en la interpretación de la norma por parte de los magistrados que se encargan de aplicarla.

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