¿Vale todo informativamente?

Va a hacer dos años que en Francia el mundo de la información se veía agitado por la siguiente cuestión: ¿deben publicarse fotografías y videos de los responsables de los atentados que buscan notoriedad? Los ataques terroristas casi seguidos en Niza y Normandía movieron a los grandes medios a dar una respuesta.

El primero en reaccionar fue el prestigioso Le Monde, que renunció a tales difusiones para no participar en la eventual “glorificación póstuma” de los yihadistas y en línea con decisiones anteriores de no hacerse eco de imágenes procedentes de la propaganda o reivindicaciones del ISIS.

A la iniciativa se sumaron el principal canal televisivo de información continuada -la BFMTV-, la radio privada Europe 1 y algunos más. A otros les pareció contraproducente la medida por entender que así se incrementaría la sensación social ya existente de que los medios no cuentan toda la verdad.

El debate cuestionaba en el fondo la praxis que hoy goza de un casi general predicamento en el sistema mediático: “tenemos una información y la publicamos”, sin ir más allá de su procedencia, fiabilidad y efectos colaterales.

¿Y cuando todo huele que apesta a juego sucio, ¿deben los medios prestarse a ser de alguna manera parte del mismo con la difusión sin mayor ponderación crítica de la información o pseudoinformación que les llega por filtración interesada y no por verdadera investigación periodística?

La pregunta viene aquí y ahora al caso a raíz del célebre video de Cristina Cifuentes, requerida en un supermercado por haber pretendido hurtar unas cremas faciales. Se trata, como bien se sabe, de un video no sólo viejo, que sería lo de menos, sino sobre todo de unas imágenes hurtadas con las que se ha traficado económica y políticamente desde la ilegalidad y no sé si desde el delito y que llegaron a manos donde nunca deberían haber estado.

Pocos medios, por no decir ninguno, han reparado en esta dimensión ética y deontológica del caso. Y han emborrachado a la opinión pública con páginas, emisiones audiovisuales, tertulias, columnas periodísticas e informaciones sin cuento, algunas sacadas de algo tan cuestionable como los “mentideros políticos”.

Y no es que no hubiese precedentes del encanallamiento, del juego y fuego sucio –amigo o enemigo, da igual- que desde hace algún tiempo campa por la escena política española. Y no sólo en la comunidad de Madrid donde las prácticas de espionaje han sido frecuentes.

Al propio ex ministro del Interior Fernández Díaz, por ejemplo, le espiaron en su propio despacho y le montaron en el Congreso una comisión de investigación. A la dirigente popular Alicia Sánchez-Camacho le grabaron –o dejó grabar- hace ocho años un almuerzo con un hijo de Jordi Pujol. Y también la Policía autonómica catalana ha hecho de las suyas durante el proceso independentista.

Aunque a toro pasado, algún ilustre columnista escribe que el caso Cifuentes dibuja un escenario de pesadilla en el que se mueven profesionales de la extorsión; gente dispuesta a cualquier bajeza para quitarse de en medio a un rival arruinándole no sólo la reputación oficial, sino el mismo honor necesario para conducirse por la vida. Dictándole, en definitiva, una condena civil perpetua.

Pues bien: siendo así las cosas, vuelvo a preguntarme si el sistema mediático no debería repensar algunas de sus para mí cuestionables prácticas profesionales.

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