El Tribunal Supremo defiende ante el alemán que sí hubo rebelión

La Sala Penal del Tribunal Supremo avaló la imputación por un delito de rebelión a Carles Puigdemont y rebatió los argumentos del tribunal de Schleswig-Holstein que negó la extradición al cuestionar la violencia en el procés. En un auto en el que confirmó la prisión preventiva para Jordi Sànchez, el alto tribunal recordó, además, que la Fiscalía ha dejado abierta la puerta a que los hechos fueran considerados como un delito de sedición, “en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia”, necesario para el delito de rebelión, una posibilidad que sigue vigente.

No obstante, la Sala considera que encaja el delito de rebelión, en cuanto se “ataca el núcleo del sistema político y jurídico que impone la norma constitucional desde una perspectiva básica o general”. Según el Supremo, “la violencia física”, que en principio es un elemento imprescindible para constituir el delito de rebelión, pasa a “un segundo lugar” cuando éste se comete desde un poder constitucional establecido. Al respecto, especifica que no se trata de una “rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada, contra el Estado español para tomar sus centros de poder”, sino que las personas que llevaron la iniciativa de la ejecución de los presuntos hechos delictivos eran “sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma”.

Los magistrados del Supremo consideran que los argumentos de los jueces alemanes son “zigzagueantes” y “carentes de rigor” y le reprochan haber tomado una decisión apresurada”. La Sala considera que “no es razonable”, como hace el tribunal alemán, comparar el proceso secesionista dentro de un país de la UE con la revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort. “Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada”, afirma.

El Supremo reitera que pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas, “los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieraN a la calle para votar ilegalmente”. El resultado fue que, como era “totalmente previsible e inevitable”, hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía. El Tribunal destaca al respecto que los 6.000 agentes que se utilizaron para impedir el referéndum resultaron ostensiblemente superados por los dos millones de votantes, y añade que “si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre”.

Por último, la Sala subraya que “si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dio en la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein.

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