Síndrome de Alzira

En los días de Semana Santa, una buena amiga acusaba a los medios de comunicación, y a quienes ejercemos de observadores, de dejarnos embaucar por la inmediatez y no mirar a la base de los problemas. Estábamos en Vigo y acababa de volver del Hospital Álvaro Cunqueiro. Además de cabreada por la deficiente atención, venía indignada con la noticia del cierre de plantas y camas para “dar mejor servicio al paciente en tiempos de vacaciones del personal”. Curiosa paradoja.
Hoy me ha llamado para preguntarme qué pensaba escribir sobre la presidenta de Madrid o del expresidente de Cataluña, porque según ella, es lo que toca. A reglón seguido ha vuelto sobre las camas cerradas en los hospitales públicos/privatizados y ha dejado una contundente frase en mi auricular: “este sistema está hundiendo la sanidad pública y el crédito de la privada independiente”. A reglón seguido me ha invitado a indagar sobre lo sucedido con el modelo Alzira, ejemplo de un fracaso anunciado, en el que no tardará en caer el hospital vigués, según ella.

Los gobiernos de Aznar, Eduardo Zaplana y Francisco Camps fueron los abanderados del modelo importado de Inglaterra, donde ya estaba fracasando. En 1999 se inauguró el Hospital La Ribera en Alzira, fruto de la concesión a una unión de empresas constructoras, financieras y aseguradoras. Los resultados iban a ser ventajosos, tanto para la administración autonómica como para la concesionaria. Las condiciones eran excepcionales para esta última, que recortó servicios, sueldos de personal y a los tres años se le permitió ampliar cupo de pacientes. Sin embargo en el primer ejercicio de gestión ya perdió un millón de euros y en 2003 estaba en quiebra.

Como era de esperar el gobierno de la Generalitat valenciana acudió presuroso al rescate indemnizando a las empresas con 69.000.000 de euros y volviendo a realizar otra concesión, más ventajosa aún que la anterior. La nueva unión de empresas ganadora se parecía a la primera como dos gotas de agua. Y el descontento de los pacientes en lugar de amainar siguió creciendo. Los beneficios económicos para la Generalitat fueron un espejismo, por no decir un presunto fraude.

Ahora el gobierno de Ximo Puig ha decidido poner fin a este dislate no prorrogando la concesión. Según cuentan, las presiones que está recibiendo el presidente socialista, por parte de los poderes fácticos, es atroz. Porque si muere el modelo, con él desaparece el negocio, cuyos tentáculos han tratado de poner sus huellas en otras comunidades, Madrid y Galicia entre ellas, y han traspasado las fronteras poniendo picas en Portugal e Hispanoamérica.

Con los datos sobre la mesa, mi amiga lleva razón, el síndrome de Alzira es realmente grave y si el Hospital Álvaro Cunqueiro, -cuyo coste se multiplicó hasta endeudar a nuestros nietos-, está dentro de esa dinámica, de la que el cierre de plantas y camas es solo una fotografía, también acabará desacreditando a la medicina pública gallega y a la privada decente, que no reparte beneficios con constructoras y financieras. Y, además, no lo olvidemos nunca, la sanidad pública es un servicio social, la privada un negocio sanitario. Analice la diferencia.

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