Los constitucionalistas celebran el fín de la fuga

El Gobierno mostró ayer su satisfacción por cómo había funcionado la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios secretos españoles hasta llegar a la detención de Puigdemont, pero mantuvo un tono “contenido y de discreción” por orden del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Desde el PP sí hubo declaraciones en las que se celebraba “el fin de la fuga” del expresidente catalán. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, subrayó que “uno no puede ser un fugado eternamente”. “Cuando se piensa que uno es impune y que puede pasearse por Europa sin más, también tiene que saber que estamos en un marco jurídico común en todos los países europeos”, señaló en Twitter.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también expresó a través de las redes sociales su apoyo expreso a la Justicia: “Vivimos en un Estado social y democrático de derecho en España y en Europa. Nadie está por encima de la ley. Respeto a las decisiones judiciales y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dentro de la Constitución está la política, fuera nada”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también celebró la detención del expresidente de la Generalitat a través de Twitter. “Se acabó la fuga del golpista”, indicó, tras subrayar que “intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público” tiene un coste y “la justicia hace su trabajo”.

PODEMOS Y EL PNV

 

 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reiteró desde Buenos Aires que la crisis en Cataluña “no se solucionará con detenciones, cárceles y judicializando la política”. En su opinión, la solución pasa por “seguir apostando por vías democráticas, por la empatía, por el sentido común y por el diálogo”.

El presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, insistió en que la “única vía de solución” a la situación generada en Cataluña es una política “basada en el diálogo”. El lehendakari lamentó el “contexto de política absolutamente judicializada” y la “confusión extrema de procedimientos, leyes y reglamentos” que se está produciendo en torno a la crisis catalana.

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