Órden de detención internacional de Marta Rovira, fugada a Suiza

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó orden de detención internacional y orden europea de detención contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que no acudiera a la citación judicial, y reactivó las órdenes europeas e internacionales de detención para el resto de los huidos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comí, Clara Ponsati, Meritxell Serret y Lluís Puig. Para la exdiputada de la CUP Anna Gabriel no se ha adoptado una orden de busca y captura al serle sólo imputada un delito de desobediencia, si bien sigue pesando sobre ella una orden nacional de detención.

En una carta a la militancia, Rovira aseguró que se marchaba a Suiza “camino al exilio”. “Un camino duro pero la única forma que tengo de recuperar mi voz”, añade. Rovira dice sentir “tristeza” pero que más triste estaría si tuviera que vivir “silenciada interiormente” y denunció que en las últimas semanas ha sentido su libertad de expresión “censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican criterios políticos”. El “exilio”, dice”, es “la única forma” que tiene de alzarse “en contra del Gobierno del PP, que persigue a todos los que están a favor de votar y que castiga cualquiera que intenta cambiar lo preestablecido y lo establecido”.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, criticó la decisión de Rovira y consideró que con su huida hacía un “flaco favor” a los otros seis investigados que estaban citados ante el juez.

Los partidos políticos reaccionaron a los autos emitidos por el juez Llarena. El líder de Junts per Catalunya y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont emitió un comunicado en el que acusa al Estado de querer “encarcelar las ideas, las creencias y la palabra” y advierte de que debe saber que los catalanes no se dejarán “someter”. “Tenemos a políticos honestos y honrados en la cárcel y en el exilio. Más que nunca es el momento del compromiso, de la unidad, de persistir”, apuntó.

El PDeCAT emitió un comunicado en el que rechaza de forma “rotunda” los encarcelamientos y apuesta por seguir adelante con “la ambición de recuperar las instituciones catalanas”. Mientras ERC hizo un llamamiento a la movilización pacífica de la sociedad en contra de la “persecución” que sufre el independentismo y sus representantes electos por parte de un Estado que “vulnera” y “ataca” los derechos y libertades políticas “de todos los demócratas”. La CUP manifestó su “rechazo frontal” por el encarcelamiento de los cinco dirigentes soberanistas y llamó a la movilización contra la “represión judicial”. Xavier Doménech, de Catalunya en Comú, calificó de “absolutamente intolerable” la decisión del juez de decretar prisión para los dirigentes independentistas. El expresidente catalán José Montilla abogó por “tender puentes, no dinamitarlos”.

Desde el PSOE, la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, dijo que los procesamientos por rebelión “son los efectos de cuando no se entiende la democracia”. El expresidente del Gobierno Felipe González instó a recuperar la política “sin togas” para solucionar la crisis en Cataluña. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró “indecente” que mientras los corruptos disfrutan de impunidad los dirigentes catalanes vayan a la cárcel. El lehendakari, Íñigo Urkullu, dijo que “se está más lejos de evitar la frustración y la fractura social”.

El Gobierno evitó hacer comentarios sobre la decisión del juez Llarena y se limitó a expresar su respeto hacia ella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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