La Fiscalía pide ampliar la pena de Urdangarín a 10 años de cárcel

La fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Garrido pide ampliar la condena a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres al considerarlos “el motor” de los delitos cometidos en el caso Nóos y “los instigadores de la corrupción”. La Fiscalía solicitó que se amplíe a Urdangarin la pena a diez años de prisión y a Torres, a doce años y cuatro meses. La representante del Ministerio Público consideró que debe aplicarse a ambos el subtipo agravado de malversación y que ésta se cometió de forma continuada. Garrido argumentó asimismo la existencia del delito de prevaricación y reclamó que se haga un nuevo cálculo del daño patrimonial causado a las arcas públicas aplicando para ellos la jurisprudencia del Supremo fijada con la sentencia dictada en 1992 en el caso del aceite de colza.

Mientras, la defensa de Urdangarin pidió que le absuelva porque ya ha sido “condenado” por parte de la sociedad “y determinados medios de comunicación”. El abogado defendió que su cliente sólo actuó como mediador y se quejó de la “falta de concreción” de la cuota tributaria que se debe imputar a Urdangarin porque, aseguró, a lo largo de la instrucción ha habido un baile de cifras entre 177.000 y 129.000 euros, cantidad que finalmente fijó la sentencia y que está solo 9.000 euros por encima del límite que se considera delito. La defensa de Urdangarin rechazó también que cometiera falsedad en documento porque, aseguró, los acuerdos que hay en la causa fueron reales y los trabajos a los que se refieren se ejecutaron.

La representante de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll, señaló en la Sala que los hechos enjuiciados “son tan rotundos que determinan de dónde vienen los ingresos de Urdangarin y de Torres”. En este sentido, dejó claro que el exduque de Palma mantuvo sus ingresos como representante de consejos de administración, y los beneficios permanecían en poder del que fuera su socio, Diego Torres. Ripoll pidió incrementar la sanción económica impuesta a Urdangarin por el IRPF que dejó de pagar como persona física, por encima de los 300.000 euros. En este sentido, advirtió de que esto supondría revisar también la situación de la Infanta, que tendría que pagar 35.000 más de los que ya abonó en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo derivada de los beneficios que obtuvo su marido en el Instituto Nóos.

En la vista tomó también la palabra el abogado del sindicato Manos Limpias, José María Bueno, que insistió en que “había base para una condena” contra la Infanta Cristina. En respuesta a Bueno, el letrado de la Infanta, Pau Molins, pidió a la Sala “reflexionar sobre la figura de la acusación popular”. “Esta Sala debería poner coto sobre el abuso de esta figura”, reprochó. Molins acusó a Manos Limpias de provocar un “daño mediático” que, en su opinión, consiguió.

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