La supresión de las injurias a la Corona

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia indicando que España vulneró el derecho a la libertad de expresión, que se encuentra reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por condenar a una pena de 15 años de prisión, que fue sustituida por una multa, a dos manifestantes que, en una concentración para defender la independencia de Cataluña, quemaron una foto del Rey. La resolución ha sido acogida con una satisfacción generalizada, que ha ido acompañada de una propuesta presentada por Podemos para suprimir el delito de injurias a la Corona, aunque la misma ha sido rechazada por el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Hay que tener presente que el artículo 208 del Código Penal recoge el concepto de injuria diciendo que es la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Las injurias graves hechas con publicidad se castigan con la pena de multa de seis a catorce meses y, en el caso en el que no fueran emitidas con publicidad, con la pena de multa de tres a siete meses.

Cuando las injurias se dirijan a personas vinculadas con la Corona, se aplicará el artículo 490.3 del Código Penal. Este precepto indica que será castigado, con la pena de prisión de seis meses a dos años, si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses, si no lo fueren, el que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas.

Realmente, el problema no está en la configuración de la conducta descrita en el artículo 490.3 del Código Penal, pues resulta más preocupante la relatividad del concepto de injuria, que puede terminar causando, aunque exista un amplio esquema sistemático expuesto en numerosas sentencias, que se acabe declarando la existencia o la inexistencia de una injuria en función de las personales convicciones de cada juez o magistrado. Sin embargo, no hay que descartar la supresión de las injurias a la Corona, ya que podría constituir una buena medida.

Se podría eliminar el artículo 490.3 del Código Penal para que se apliquen las reglas generales, que están mejor elaboradas y que recogen unas penas similares, de modo que la imposición del castigo se tendría que justificar por la existencia o inexistencia de publicidad, pero atendiendo siempre a la gravedad de las acciones o expresiones. Ademas, se evitarían futuras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por sentencias que establezcan penas por el delito de injurias contra la Corona, cuya existencia va a verse muy condicionada.

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