La nueva ley de contratación pública y la transparencia

Ya ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El artículo 132 de la norma indicada establece que los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad, de modo que, en ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.

Durante muchos años, se utilizaron mecanismos de contratación pública de una manera arbitraria. Muchas reglas excepcionales se convirtieron en las aprovechadas ordinariamente y, en bastantes entes públicos, se pudieron formar entramados en los que los sobornos y las manipulaciones procedimentales se acabaron asentando.

Objetivamente, hay que distinguir entre transparencia formal y transparencia material. La primera se puede definir como el conjunto de requisitos y de trámites que se deben desarrollar para poder conocer todo lo relativo a la actividad administrativa, mientras que la segunda se puede entender como el conjunto de actuaciones realizadas para favorecer verdaderamente la obtención de datos sobre la actividad administrativa. Ambos aspectos de la transparencia son independientes, de modo que, faltando uno, puede existir el otro, aunque, en cualquier caso, será esencial que exista transparencia material, que es más importante que la transparencia formal, ya que pueden existir muchas reglas procedimentales que resulten inútiles por obstáculos materiales que pueden colocarse desde los entes administrativos.


La Constitución Española de 1978 recoge, indirectamente, el concepto de transparencia pública en varios preceptos. Su artículo 23 dice que se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos y su artículo 103 señala que las Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, en relación con el artículo 9, que prohíbe la arbitrariedad e impone la responsabilidad de los poderes públicos. No hay forma más clara de determinar exigencias de transparencia que la adoptada por la Constitución, aunque el contenido de la norma suprema del ordenamiento jurídico tiene poca utilidad en la medida en que la realidad no se ajusta a sus preceptos.

Existen diversas normas que se refieren a la transparencia pública, como la Ley 19/2013. Sin embargo, esas normas pueden ser ignoradas, como muchos preceptos del Código Penal, sin instrumentos efectivos que garanticen su aplicación.

Debe tenerse presente que la falta de transparencia en la contratación pública siempre perjudica a los ciudadanos, pues ocasiona un gasto ineficiente de los recursos públicos. Además, provoca que muchas compañías decidan no competir con buenas ofertas en las licitaciones ante el miedo por la posibilidad de que el empresario que resulte victorioso sea uno que pueda llegar a lograr la adjudicación sin gran esfuerzo por tener, simplemente, buenos contactos.

Realmente, lo que importa no es el contenido de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico, ya que sus reglas de transparencia podrían llegar a ser totalmente inútiles si las Administraciones Públicas acabaran obstaculizando su adecuada aplicación, como ya han hecho con muchas leyes. Lo que se necesita es que se procure una correcta utilización de los mecanismos de control de la contratación pública para evitar que se desarrollen tramas de corrupción en torno a las licitaciones como las que se pudieron formar en el pasado.

Si la Ley de Contratos del Sector Público termina incumpliéndose, se recordarán problemas recientemente producidos y habrá que desear que el Código Penal sea más efectivo que en el pasado.

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