El juez da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la libertad de Sánchez

Jordi Sánchez en un acto político sobre una furgoneta de la Guardia Civil.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado cinco días a la Fiscalía y a la acusación popular para que informen sobre la petición de libertad de Jordi Sánchez. Ello supone que si las partes agotan este plazo, la respuesta del magistrado llegaría después de la convocatoria del Pleno del debate de investidura, que está previsto para el próximo lunes, 12 de marzo. Por ello, la defensa de Sànchez presentó ayer otro escrito en el que pide al juez que, antes de resolver sobre su libertad, estudie con urgencia el permiso para acudir a la investidura; una decisión que, a diferencia de la libertad, si puede tomar el juez sin preguntar a las partes.

Mientras, el Tribunal Constitucional rechazó ayer por unanimidad dejar a Sánchez en libertad mientras se resuelve el recurso de amparo contra su encarcelamiento preventivo que el expresidente de la ANC ha presentado ante el tribunal.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró ayer que “todos” tienen que ser “muy respetuosos” con las decisiones judiciales tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. “Conviene que nadie se tome la justicia por su mano porque entonces dirá muy poco de la calidad de sus comportamientos democráticos”, advirtió.

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