Una sentencia sobre la presión por multar

 

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó la Sentencia 20/2018, del pasado día 13 de febrero, estimando el recurso presentado por un cabo de la Guardia Civil contra la sanción de dos meses de suspensión de empleo que le impuso el general jefe de la Agrupación de Tráfico del cuerpo por las declaraciones que realizó durante el transcurso de una entrevista que se difundió a través de un programa de radio en enero de 2012, en la que denunció que varios compañeros estaban siendo presionados por sus superiores en la provincia de Lugo para incrementar el número de denuncias por infracciones de tráfico. Específicamente, el cabo confesó en el programa de radio que había un par de agentes que estaban sufriendo una persecución y acoso por sus mandos, que se dedicaron a presionar de forma constante para que se aumentara el número de denuncias.

La legislación es bastante clara en lo que se refiere a la procedencia del castigo con multas por realizar hechos sancionables según la normativa administrativa. El artículo 27.2 de la Ley 40/2015 establece que únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley, de modo que no se pueden denunciar hechos para sancionar si los mismos no constituyen una infracción administrativa.

El problema es que el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, indica que “Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”.

Aprovechando esa regla, se pueden presentar denuncias abusivas que sirvan para imponer infracciones de manera indebida a los particulares, que tendrán que invertir tiempo y dinero para poder proceder con la impugnación judicial, que, aunque acabe generando buenos resultados, siempre resultará muy costosa.

La Guardia Civil no tiene, como objetivo, recaudar dinero con multas. Realmente, una de sus principales finalidades es garantizar el cumplimiento de la legalidad, de modo que, si la gente respeta la normativa, lo único que deben hacer sus miembros es alegrarse.

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