Pugna por el voto jubilado

Lo malo que tiene llegar tarde a las cosas es que, cuando te pones a ellas, ya te han arrollado. Es lo que está sucediendo con el debate social y político sobre las pensiones: que cuando Moncloa ha querido reaccionar a la inesperada marea reivindicativa, se ha visto sobrepasada por la calle y por el resto de las fuerzas políticas.

A éstas les es muy fácil hablar y prometer tirar de chequera si les llega el momento. La oposición en general se frota las manos ante la oportunidad de desgate del Gobierno y se ha colocado a favor de corriente, cortejando a los pensionistas, sin entrar en detalles e intentando pescar en un caladero de millones de votos donde el PP ha venido teniendo especial correspondencia.

El Ejecutivo, por su parte, se tiene que tentar mucho más la ropa. Gobernar es bastante más que predicar desde la barrera. Tiene, por ejemplo, que mirar a Bruselas, ajustar los gastos al conjunto de los ingresos y cumplir con los objetivos del déficit público. Así las cosas, en espera de ese acuerdo en el seno del Pacto de Toledo que no llega –parece el parto de los montes-, lo más que a corto plazo se atreve a ofrecer es un pequeño descuento en el IRPF para mayores, habida cuenta –alega- de que no hay dinero para más.

Trata también de hacer pedagogía y explicar un par de cosas que afectados y ciudadanos de a pie comprensiblemente no entienden. Una: que nuestro sistema de previsión está entre los más generosos del mundo y que los pensionistas españoles reciben mucho más de lo que han aportado. Y dos: que habiendo subido un 2 por ciento el coste de la vida y habiendo visto ellos actualizada su pensión sólo en un 0,25 por ciento, no pierden tanta capacidad adquisitiva como piensan.

Esta aparente paradoja es fruto del nuevo modelo –el llamado “factor de sostenibilidad”- implantado en 2013 con Rajoy en el Gobierno y Bruselas apretando para que el déficit no llevara el país a la quiebra. Un sistema técnicamente impecable a juicio de los expertos, pero, como digo, política y socialmente difícil de justificar y asimilar, sobre todo cuando superada la fase baja del ciclo económico, el índice de precios al consumo camina en positivo, como en la actualidad sucede.

Como se sabe, el llamado Pacto de Toledo fue un acuerdo del Congreso de los Diputados adoptado en abril de 1995 por amplísima mayoría y así llamado porque el consenso final se había fraguado en una reunión celebrada en el parador de turismo de la capital manchega entre representantes de PP, PSOE, Convergencia e Izquierda Unida.

La idea era sacar las pensiones del debate electoral. Es decir, que a partir de ese momento las reformas en la Seguridad Social habrían de tomarse por consenso y pensando en la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Desconozco si desde entonces este segundo objetivo se habrá ido o no consiguiendo. Sin embargo, el primero ahí continúa pendiente.

En realidad, las pensiones nunca han salido de la pugna electoral. Aznar, por ejemplo, perdió las elecciones de 1993 frente a Felipe González porque éste había enredado trasladando inseguridad a los votantes respecto al futuro de las prestaciones en un eventual cambio de Gobierno. Y desde entonces así se sigue. Por eso al PP le más que preocupan -¿quién mece esa cuna?- las movilizaciones del voto jubilado de estos días. Si ya puede tener muy tocado a favor de Ciudadanos el voto de las clases medias, no puede permitir ahora que se le escape el de jubilados y pensionistas.

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