Órden de detención contra Anna Gabriel si regresa a España

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó ayer una orden de detención nacional para la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, tras comprobar que no iba a comparecer ante el tribunal como investigada, como ya anunció el martes en un escrito dirigido al magistrado, cuando explicó que se encontraba refugiada en Suiza y que no iba a «ir a Madrid». Ante la incomparecencia, sin alegar causa legítima, Llarena ha tomado esta decisión, por lo que Gabriel queda en la misma situación que el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen huidos en Bélgica.

Los diarios detallan que Llarena que se ha limitado a aplicar el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que las incomparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención, no ha seguido el criterio de la Fiscalía, del abogado del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox, que le habían solicitado una orden de detención internacional, aunque es una posibilidad que no queda cerrada.

En una entrevista en TV3 desde Ginebra, Anna Gabriel dijo ayer no estar sorprendida por la orden de búsqueda y detención dictada por el Supremo, tras lo que apuntó que la suya «no es una lucha personal», sino colectiva, por lo que, según añadió, «hay que seguir reivindicando que todos los presos, exiliados e imputados independentistas queden en libertad». Gabriel confirmó que la CUP habría optado por una «estrategia compartida y desdoblada» ante los tribunales, es decir, que mientras la exdiputada Mireia Boya compareció ante el juez, ella ha optado por no hacerlo y «refugiarse» en Suiza. Sobre el motivo por el que ha rehusado declarar, Gabriel dijo que «las resoluciones judiciales que se dictan se escapan mucho de lo que sería normal en un Estado democrático». Preguntada por la posibilidad de que el Estado interponga una demanda de extradición, la exdiputada reiteró su intención de pedir «asilo político» en Suiza.

Precisamente ayer el Gobierno federal suizo dijo que rechazaría una hipotética petición de extradición. El portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, Folco Galli, dijo que «los actos que se le imputan a Anna Gabriel son políticos a primera vista». Con todo, Galli dijo que examinarían los hechos a fondo si España llega a cursar una petición de extradición.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que no prevé «ninguna dificultad» si el juez del Supremo emitiera una orden internacional para la detención de la exdiputada de la CUP, tras lo que recordó que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla. En otro momento, también señaló que «en España no hay delitos políticos, por lo que nunca se puede solicitar una extradición por esa razón».

 

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