Estudiar en castellano

En pleno debate en torno al tratamiento –o no tratamiento- dado a la enseñanza del castellano en la escuela catalana no ha podido ser más oportuna –o inoportuna- la sentencia del Tribunal Constitucional -59 páginas- en respuesta al recurso presentado va a hacer ahora cuatro años por la Generalidad sobre diversas modificaciones introducidas en su momento por la LOMCE. Una de ellas se refiere a la intervención del Estado cuando en las comunidades bilingües la lengua oficial del Estado no es utilizada como vehicular en una proporción razonable.

Y digo inoportuna porque va a obligar al Gobierno a replantearse lo que tenía en mente, si es que tenía en ella algo más que hacer algo. Porque, como se recordará, hace unos días, en Consejo de ministros, Moncloa lanzó en barbecho su propósito de acometer el incumplimiento de las varias sentencias al respecto, pero no quiso o no pudo concretar ni el qué, ni el cómo ni el cuándo.

Sentencia, sin embargo, oportuna porque el alto Tribunal no dice que no lo pueda hacer, sino que señala al Ejecutivo la posible vía de actuación sin afectar competencias de las comunidades autónomas, como entiende que ha sido el caso. Y es: a través de una intervención que halle cobertura en alguna competencia estatal de coordinación y resulte debida, necesaria y proporcionada.

Lo que no cabe –dice- es hacerlo como hasta ahora estaba previsto a través de la Alta Inspección del Estado, organismo que no es quien para decidir cuándo proceden o dejan de proceder verificaciones administrativas de cumplimientos o incumplimientos. Esto es, que el Estado precisa un mejor ejecutor para actuar. Así las cosas, no estará de más recordar y precisar varias cuestiones.

Una: que no fue recurrida y, por lo tanto, se mantiene la disposición adicional 38.1, según la cual las Administraciones educativas seguirán garantizando el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

Dos: que el castellano sigue siendo lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, al igual que las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable.

Tres: que lo que habrá que variar es el procedimiento establecido de ejecución sustitutoria por parte del Estado, articulado en la actualidad a través de la Alta Inspección y según el cual los gastos efectivos de escolarización en centros privados donde exista la oferta doble habrían de correr íntegramente a cargo de la Administración educativa correspondiente incumplidora.

Cuatro: que otras muchas pretensiones de la Generalidad han sido inadmitidas por el TC, por lo que bien puede decirse que el recurso ha sido estimado de forma parcial. En consecuencia, el aprovechamiento que se haga de la sentencia será más político que sustancial.

Y seis: que de cara a la nueva ley que saldrá del magno pacto escolar en elaboración, los partidos en él participantes bien podrían amarrar debidamente esta cuestión, de forma que el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado sea real. Y se cumpla. ¿Lo verán nuestros ojos? De ilusión –me parece- también se vive en esta ocasión.

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