Rovira confiesa ante el juez que Puigdemont se negó a desconvocar el 1-O

 

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, expuso ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que el 1-O propuso al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, parar las votaciones debido a la “violencia policial” y para evitar que se produjeran incidentes graves. Puigdemont, según Rovira, decidió seguir adelante con las votaciones ya que había mucha gente haciendo cola ante los colegios electorales y la detención del proceso podría agravar la situación. Rovira, a la que el juez dejó en libertad bajo fianza de 60.00 euros, dijo que la petición la hizo en una reunión que convocó el propio Puigdemont y a la que asistieron representantes políticos de Junts pel Sí y de la CUP. Asimismo, negó que participara en la organización del referéndum y limitó su trabajo al ámbito parlamentario.

Además de Rovira, el juez tomó declaración a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que quedó libertad sin medidas cautelares. Pascal declaró que había comentado en Bruselas a Puigdemont que lo ocurrido en los últimos meses demostraba la necesidad de apostar por las vías legales, que pasan por la Constitución y el Estatut, para lograr la independencia. Ambas atribuyeron a la declaración unilateral de independencia un carácter fundamentalmente simbólico, equiparándola a con una “declaración política”. Rovira insistió en que el referéndum era “un compromiso democrático” que acercaba “al diálogo y la negociación con el Gobierno” Asimismo, reconocieron haber mantenido reuniones con Puigdemont y los exconsejeros huidos en Bruselas al menos en dos ocasiones.

Asimismo, las dos dirigentes negaron haber formado parte de comité estratégico alguno, y dijeron desconocer el documento EnfoCats, que fue intervenido al exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, con los supuestos planes para alcanzar la independencia.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y Marta Rovira enviaron una carta a los militantes de la formación en la que aseguran que no renunciarán a sus convicciones y que se reafirman “en todas y cada una de ellas”, e insisten en que son los ciudadanos lo que tienen que “decidir democráticamente el futuro de Cataluña”. “Comparecemos ante la justicia española por nuestro compromiso con la democracia y con el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro”, argumentan, y piden no dejarse arrastrar “hacia un escenario de creciente confrontación, que es lo que persigue el PP y sus aliados”.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió a Rovira y a Pascal que digan en público que han estado “mintiendo y tomando el pelo” a los catalanes. El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, celebró que el Supremo no pidiera prisión preventiva para las dos dirigentes políticas. Elisenda Alamany, de Catalunya En Comú, mostró su solidaridad con Rovira y con Pascal.

La ronda de declaraciones ante el juez Pablo Llarena continúa hoy con las comparecencias del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Mientras, la CUP dará hoy a conocer su criterio respecto a la citación de la exdiputada de esta formación Anna Gabriel prevista para el miércoles ante el Tribunal Supremo. Gabriel, que se encuentra en Suiza desde hace días, podría no acudir a declarar ante el juez Llarena por lo que en ese caso, según EL PAÍS, la fiscalía sopesa pedir su detención.

 

 

TRAPERO, IMPUTADO POR SEDICIÓN

 

 

La juez de la Audiencia nacional Carmen Lamela imputó un nuevo delito de sedición al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero en relación al 1-O al considerar que tenía “un plan premeditado para evitar actuar” en el operativo con el que se trató de impedir el referéndum. Para la juez, la actuación de los Mossos “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia” y por eso “la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones” de las otras Policías.

Además de imputarle un segundo delito de sedición, la juez apunta a la posibilidad de ampliar la calificación de los hechos a un delito de organización criminal. Para Lamela, la finalidad “inmediata” de Trapero “estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de la república catalana”, “siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales”. La juez apunta que la conducta de los Mossos entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre fue de “total inactividad”, “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad”.

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