Galicia, Asturias, Aragón y Castilla-León acuerdan impulsar su gestión común

Acuerdo en financiación autonómica e igualdad de servicios públicos, principales razones de la puesta en común de las cuatro comunidades autónomas reunidas en León.

Junto al presidente de la Xunta, comparecieron los titulares de Asturias, Aragón y Castilla-León, que elaboraron e hicieron pública la exposición que sigue literalmente.

El acuerdo ha sido suscrito por Juan Vicente Herrera (PP), Javier Lambán (PSOE), Javier Fernández (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo, que representan a cuatro comunidades autónomas que suman 7,5 millones de habitantes y el 36 por ciento del territorio y que cuenta con gobierno “de distintos signo pero que comparten vínculos históricos y similares características económicas y sociales y con unas relaciones de vecindad que fundamentan unos intereses comunes”.

Los reunidos plantean la declaracion institucional que sigue.

EXPONEN

 

Que las Comunidades de Galicia, Principado de Asturias, Aragón y Castilla y León comparten intereses comunes, fruto de sus características socioeconómicas, de su relación de vecindad y de sus profundos vínculos históricos que les ha permitido desarrollar fórmulas de colaboración de vecindad entre ellas, así como de otras de colaboración horizontal en el marco de una nueva política de cooperación y de cohesión del Estado Autonómico, iniciativas y actuaciones que difícilmente se podrían llevar a cabo de forma aislada por una Comunidad Autónoma. Ejemplos de estas iniciativas son la planificación conjunta del Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, o la constitución de un foro estable de colaboración entre Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos (FREDD).

En este Estado autonómico, la Conferencia de Presidentes constituye una herramienta fundamental como foro institucional de dialogo y coordinación. Por ello los Gobiernos autonómicos de Galicia, Principado de Asturias, Aragón y Castilla y León muestran su compromiso en consolidar el papel de la Conferencia de Presidentes como máximo órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, trabajando conjuntamente en el desarrollo de los acuerdos que se alcanzaron en su última reunión del 17 de enero de 2017.

Las cuatro Comunidades Autónomas han colaborado activamente en los trabajos preparatorios para promover e impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, que se fundamente en el pleno respeto a la Constitución, y en concreto, al principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 139.1, el cual garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos, con independencia de dónde vivan, y en el artículo 138.2 que establece que las diferencias entre los Estatutos no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales, tal y como se acordó en la última reunión de la Conferencia de Presidentes.

Así mismo han colaborado activamente a través Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD) y en el marco de la Comisión frente al Reto Demográfico en la fase preparatoria de la “Estrategia Nacional frente al reto demográfico”, cuya elaboración y desarrollo por parte del Gobierno de España fue otro de los Acuerdos de la última reunión de la Conferencia de Presidentes.

Por ello que, reunidos en la ciudad de León, el 19 de febrero de 2018, han llegado a las conclusiones que a continuación se manifiestan:

1. Transmiten al Gobierno de España la necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que debe abordarse de forma inmediata para, de este modo, poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las Comunidades Autónomas.

Por ello instan a continuar y avanzar en sus trabajos en una propuesta de modelo que debe ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas. Manifiestan su preocupación por el calendario electoral de los próximos años que podrían añadir más incertidumbre a unos acuerdos ya de por sí complejos de alcanzar por lo que consideran necesario dar cumplimento en el presente ejercicio al acuerdo del 17 de enero de 2017 en esta materia.

En todo caso, consideran que el nuevo modelo de financiación autonómica debe reforzar los siguientes principios:

a) La garantía de la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.

b) El nuevo sistema de régimen común debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas.

c) La corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, dotando al sistema de mayores recursos.

d) La potenciación del principio de suficiencia garantizando que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro. El sistema debe garantizar la suficiencia dinámica a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado.

e) Debe definirse un sistema de nivelación total, que garantice la suficiencia para todos los servicios asumidos. Para ello existirá un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas.

f) La incorporación de la cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.

g) La potenciación de los mecanismos de nivelación, a través de una dotación suficiente de estos mecanismos.

h) En desarrollo de los principios de suficiencia estática y dinámica y de nivelación, las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales. Mientras se utilice un sistema de aproximación indirecta deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, entre otros.

i) La evaluación de las necesidades reales se realizará de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales.

– Se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia. El cálculo de las necesidades reales se realizará teniendo en cuenta las siguientes variables: número de personas dependientes atendidas, grado de dependencia, tipo de prestación y dependientes potenciales y la dispersión territorial. La financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la Ley de Dependencia.

– Se evaluará de forma especial el déficit en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto. En particular el gasto sanitario se ponderará en función de su peso actual en el gasto real de las CC.AA., y se financiará ajustando la variable grupos de edad del gasto sanitario, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85 años) y aumentando su ponderación, tal y como viene evidenciando la dinámica de este gasto. Además se realizarán revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.

– Se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas, así como garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención a la inversión en políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y de apoyo a la natalidad y a la dotación de recursos para el desarrollo rural dado su carácter transversal y su incidencia en la vertebración del territorio.

j) La evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual incorporados en el actual sistema de financiación.

k) La plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios, debiendo éstas ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberán procederse a la

evaluación, en el marco del principio de lealtad institucional previsto en el actual sistema, de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos.

l) La redefinición de la recaudación normativa de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden, y que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su autonomía financiera, asuman la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa. En este sentido, debería impulsarse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos (como ya sucede con el IRPF), garantizando una recaudación homogénea en todo el territorio que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal.

m) La potenciación de las políticas de desarrollo regional y en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto.

n) La reforma del sistema de financiación deberá abordar la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas bajo las premisas de que las diferencias entre Comunidades Autónomas en el volumen de deuda acumulada no se corresponden con una eventual mejor o peor financiación relativa asignada por el actual sistema y que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas.

o) La evaluación del impacto de las reformas en materia de Administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. Asimismo consideran necesario que se aborde la necesaria reforma de la financiación local.

2. El 28 de octubre de 2013 las cuatros comunidades autónomas firmaron la primera declaración institucional en materia demográfica en la que, entre otros puntos, suscribían los siguientes:

– La crisis demográfica no es un problema específico de nuestras comunidades, afecta también al resto de España y a muchas regiones europeas. Es por tanto, un problema de Estado. Los gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León demandan una Estrategia Española por el Cambio Demográfico, con la participación de todas las administraciones españolas: Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y locales (Diputaciones provinciales, comarcas y municipios), que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar el envejecimiento y el despoblamiento territorial.

– Los acuerdos a favor del equilibrio demográfico que alcancen los gobiernos autonómicos y el gobierno de España deberán proyectar la continuidad de estas políticas en el ámbito de la Unión Europea.

A esta primera declaración institucional le han sucedido otros acuerdos que han venido a fortalecer el impulso de las políticas sobre desafíos demográficos, y a definir los sectores prioritarios de actuación: envejecimiento activo y saludable; natalidad y conciliación de la vida laboral y familiar; nuevas oportunidades de empleo, formación y vivienda para la juventud; y desarrollo económico y social sostenible en el medio rural.

Desde 2013 se han ido incorporado los gobiernos de Castilla La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja hasta conformar en la actualidad un foro integrado por 8 comunidades autónomas. Fruto de todo ello se han alcanzado pasos importantes como la inclusión de la cuestión demográfica en el Acuerdo de Asociación del Gobierno de España en el marco de la programación de la Política de Cohesión para el período 2014-2020, y como prioridad política del Comité de las Regiones en el nuevo mandato legislativo de la Unión Europea.

3. En este marco, instan al Gobierno de España a que presente la propuesta de “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico” y sea debatido en el marco de la Comisión creada al efecto, a la que, como Comunidades integrantes del Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico hemos aportado nuestras propuestas y prioridades, aprobadas en nuestra última reunión celebrada el 26 de junio de 2017 en la ciudad de Teruel.

Dadas las características demográficas que comparten las cuatro Comunidades Autónomas (despoblación, dispersión territorial, envejecimiento) consideran de especial importancia la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia de Cooperación Territorial contra la Brecha Digital que abarque las medidas que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultrarrápida en las cuatro Comunidades (cobertura de más de 30Mbps para el 100% de la población, con horizonte al año 2020 y más de 100 Mbps para el 50 % de los hogares).

4. Consideran que el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos por la Conferencia de Presidentes en su último encuentro, como estos de la financiación autonómica y una mayor sensibilidad hacia los desafíos demográficos por parte de todas las políticas públicas, entre otras requieren de un reforzado empuje y seguimiento de sus avances en el marco del Comité Preparatorio, de Impulso y Seguimiento que permita adoptar las medidas necesarias para concretar los compromisos y asegurar su desarrollo, previo a una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes.

5. Comparten asimismo, conforme a lo previsto en el reglamento del Comité, que este órgano debe emprender el examen previo de los asuntos que puedan incluirse en la agenda de la próxima Conferencia y la preparación de la documentación necesaria, por lo que debe buscar consensos entre las Comunidades en otros grandes retos en asuntos de especial relevancia para ellas en los que se pueden lograr principios de acuerdos.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar