Los mossos y el nacionalismo catalán

En la medida que avanza el conocimiento, luego de las conocidas acciones u omisiones perpetradas a lo largo del proceso actual al que asistimos, se confirma la evidencia de que los mossos d´ esquadra, en lugar de cumplir su papel como policía judicial han venido actuando como una verdadera milicia armada del independentismo, e incurriendo en un concurso ideal de delitos a cual peor. Ni se cumplieron las órdenes de los fiscales de impedir la celebración del referéndum ilegal, sino que se destruyeron o intentó destruir una serie de documentos probatorios de su conducta, se espió y no se colaboró con las fuerzas de seguridad del Estado y se dio todo tipo de cobertura a diversas acciones ilegales.

Es evidente que, aparte de la destitución de su jefe, Trapero (hijo de un emigrante de Valladolid), este cuerpo de 17.000 agentes precisa una profunda depuración de su cúpula y de una numerosa serie de agentes, cuyo comportamiento, en no pocos casos, ellos mismos se encargaron de publicar. Pero,¿cómo depurar todos esos comportamientos contrarios a su deber, salvo en el caso en que ellos mismos o las cámaras de los telediarios nos mostraron la pasividad de los mossos, cuando no su propio enfrentamiento con la Guardia Civil o la Policía Nacional.
En su momento, la orden cursada por la fiscalía fue bien explícita: “Se ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o particulares en connivencia con aquellos dirigidos a preparar y celebrar del “referéndum  de autodeterminación ilegal”. Y en refuerzo de la orden cursada se remitía a los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ilegalidad de la convocatoria el 1-O.

La milicia de Puigdemont
Pero al tiempo, porque sabía lo que decía y de la “lealtad” de su milicia, el ex presidentde la Generalitat, Carles Puigdemont, auguraba que los Mossos no retirarían las urnas del referéndum aunque la justicia española se lo ordenara. Y precisó: “Los Mossos tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente, el 1-O, la policía no ha de hacer política”, como si cumplir la ley fuera hacer política.

Como recordé en su día., el que fuera instructor del sumario por el golpe de Estado del 23-F de 1981, el general auditor del Ejército del Aire, José María García Escudero, tuvo que tomar en su día una drástica decisión, que él mismo explicó, para agilizar dentro de lo posible el cierre de la investigación judicial y determinar las responsabilidades.

Teóricamente, tenía que haber interrogado a todo el personal militar o personas civiles que intervinieron en el golpe. Eso suponía llevar a su presencia a todos los soldados de las unidades sublevadas por sus mandos y determinar la responsabilidad personal de cada uno. Eso hubiera alargado el proceso casi hasta nuestros días. Por ello, aplicó el sentido común y se dedicó solamente a quienes por su rango e intervención eran claramente responsables por acción u omisión de los hechos ocurridos y dejó sin declarar a la tropa y mandos inferiores.
Ahora nos encontramos con el mismo problema: ¿Sería posible interrogar a todos los mossos que estuvieron de servicio ese día? La Fiscalía de Cataluña había ordenado al entonces mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que, para evitar la “consumación del delito, requiasen urnas y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre”. Es evidente que sólo los segundos cumplieron la orden.

Lealtad incumplida
Cabe recordar de nuevo que el artículo 4 de la Lei 10/1194 de 11 de julio, del Parlamento de Cataluña, de la Policía de la Generalitat-Mosso d´Esquadra-, señala “Antes de tomar posesión, los miembros de los Mozos de Escuadra han de jurar o prometer acatamiento a la Constitución como normal fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Cataluña”. O sea, que está fuera de duda que los agentes de este cuerpo están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución por encima de todo.
Con el Código Penal en la mano, un mosso que, de modo ordinario, con o sin Estado de Sitio o militarizado, según el caso, que se negara a cumplir sus deberes policiales, conforme a la legalidad vigente, podría incurrir entre otros, en estos supuestos: Abandono de destino y deber de perseguir delitos. Desobediencia. Rebelión. Y en caso extremísimo, sedición. Si el cuerpo estero se niega a cumplir las órdenes de la fiscalía, la situación es gravísima, la cuestión radica en delimitar y probar la responsabilidad de cada agente en su caso concreto.
En este sentido, las últimas investigaciones son desalentadoras. “La Guardia Civil ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un exhaustivo informe sobre las comunicaciones internas entre los mandos de los Mossos y las patrullas de calle el día antes del referéndum unilateral y durante el mismo 1-O en el que, tras analizar los mensajes e instrucciones, llega a la conclusión de que existió un operativo específico para conocer los movimientos de las unidades del instituto armado y de la Policía Nacional”.  Algunos de las comunicaciones internas de los Mossos especificaban cuándo Policía y Guardia Civil abandonaron sus bases camino de los colegios electorales, y otros anunciaban la presencia de efectivos de estos dos cuerpos en determinados lugares.

Cabe subrayar que el coronel de la Benemérita, Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la coordinación de las actuaciones policiales para evitar el 1-0, detalló en otro informe que la policía autonómica mantuvo una “inactividad generalizada y su dispositivo estuvo orientado, más que a dar cumplimiento al mandato judicial, a mantener la seguridad al modo de unas elecciones legales”.

No conviene perder de vista que en la Hoja de ruta del independentismo se pretende que los mossos sean la base del futuro ejército catalán, para el que estaba prevista la compra de armas de guerra. Y debemos recordar que en situaciones normales, los mossos suman más de 17.000 efectivos frente a los apenas 6. 000 con que cuenta el Estado en Cataluña (Guardia Civil y Policía Nacional). Y que las Fuerzas Armadas del conjunto de España apenas suman 126.000 militares. O sea, que los mossos representan una cifra equivalente al 13 por ciento del ejército de España.

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