La prisión permanente revisable como arma política

El PP intenta ganar terreno en la confrontación política que tiene con Ciudadanos. Por esa razón, se ha anunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsará un proyecto de ley para ampliar los delitos penados con la prisión permanente revisable incluyendo este castigo para los asesinatos en los que el autor no revele el paradero del cuerpo, los asesinatos en los que se empleen elementos químicos, nucleares o incendios y los secuestros que acaben con la muerte de la persona detenida ilegalmente.

La reforma que se pretende realizar afectaría a delitos que, realmente, no tienen porque ser castigados con la pena de prisión permanente revisable. Las conductas mencionadas no se cometen con frecuencia y ya se castigan con penas altas por las reglas de concursos de delitos, que se aplican cuando se cometen dos o más delitos, existiendo algunas especialidades. Además, no parece que sea razonable sancionar con la prisión permanente revisable a una persona que esconde el cuerpo de la persona a la que ha matado, ya que constituye un modo indirecto de restringir las facultades de defensa del acusado que resulta constitucionalmente cuestionable por todo lo que implica, pues, si se incrementa el castigo por esconder las pruebas en un asesinato, lo mismo debería hacerse para aquellos delitos de naturaleza patrimonial en los que el autor suprime documentos o dispositivos informáticos de almacenamiento por los que se le puede condenar.

El problema principal es que el PP y Ciudadanos han iniciado una batalla mediática en la que se está utilizando como arma, por el Gobierno de Mariano Rajoy, la prisión permanente revisable. Ciudadanos, tras no defender el mantenimiento de esa sanción penal, intentó responder con una iniciativa para modificar las reglas sobre la ejecución de las penas privativas de libertad, de forma que resulte más complicado obtener la progresión de grado, pero el PP ha respondido diciendo que va a ampliar el ámbito de aplicación de la prisión permanente revisable, cuando lo que hay que hacer es comprobar las reglas actuales y hacer mejoras más conectadas con la revisión de la pena.

Como la disputa dialéctica continúe como hasta ahora, van a terminar proponiendo la introducción de la cadena perpetua o de la pena de muerte en el Código Penal. La Constitución prohíbe claramente esas dos penas, pero eso no impide que se puedan establecer si siguen adoptando decisiones con la mente puesta en las próximas elecciones generales.

El Derecho Penal no debe ser utilizado como arma política, ya que es un instrumento de control social muy poderoso cuya construcción afecta a todos. Los grupos parlamentarios de los partidos políticos deben ser diligentes y obrar de forma que se puedan tener normas penales que se hayan elaborado con un amplio consenso, sin que deban utilizarse para lanzar reproches o para captar votantes.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar