Reforma inatentida

Si no hace tanto tiempo la información de Tribunales no llegaba al 30 por ciento del volumen de noticias ofrecidas por los medios clásicos y digitales, tal porcentaje está siendo más que superado en estos últimos meses. Justicia penal y Justicia constitucional trabajan a tope. El conflicto catalán, sentencias esperadas sobre casos de corrupción, repetidos episodios de violencia de género y sucesos de crueldad criminal inusitada dominan por desgracia el panorama informativo.

Todo ello ha venido a coincidir con el informe anual del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO, por sus siglas en francés), creado en 1998 en el seno del Consejo de Europa y que en esta última de sus cuatro rondas ha centrado el foco en parlamentarios, jueces y fiscales, a pesar de no ser tal colectivo, al menos en nuestro país, elementos centrales de casos de corrupción propiamente dicha, sino en todo caso, periféricos o muy periféricos.

Pues bien, a su juicio, la situación al respecto en España sería “globalmente insatisfactoria”, habida cuenta que de las once recomendaciones que hizo en 2013 y recordó en 2016, siete se habrían atendido parcialmente, mientras que las cuatro restantes habrían sido incumplidas por completo. Hasta final de año hay tiempo para enmendarse.

Desde el punto de vista político adquieren especial relevancia las observaciones relativas a la intervención política en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos veinte miembros son elegidos por Congreso y Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia.

Como se recordará, una de las primeras reformas que hizo el Partido Socialista tras su llegada al poder en 1982 fue modificar el sistema de selección de vocales recogido en la ley de 1980, inspirada en el espíritu de la Constitución, deshacer esta parcela de poder hasta entonces encomendada en buena parte a los propios jueces y magistrados, y entregarla así por entero al poder político.

Es de recordar, además, que el Tribunal Constitucional, aun admitiendo la reforma, añadía la exigencia de que la relación de fuerzas políticas de las Cámaras legislativas no se reprodujese después en el CGPJ, demanda que no se ha cumplido nunca.

GRECO insta a volver a la fórmula inicial. Pero no parece haber mucha disposición a ello. Porque en la comisión que trabaja para un pacto de Estado para la reforma de la Justicia se resisten a que así sea. El Partido Socialista rechaza cualquier pretensión corporativa de convertir el gobierno del poder judicial en una suerte de autogobierno de jueces y magistrados. Y el Partido Popular se refugia en que la negativa del PSOE impide el consenso necesario para una reforma de tal calado.

Y en esas están. Mucha predisposición no tienen, porque hasta ahora les ha ido muy bien. Siempre se han puesto de acuerdo en el reparto de cuotas y siguen controlando –de momento- el órgano de gobierno de nuestros Tribunales. Y Ciudadanos, ya se sabe: no negocia; exige o no firma.

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