Pactar para educar

Están reunidos los ratones para ponerle el cascabel al gato y han empezado por la peliaguda cuestión de calcular cuánto puede y debe costar el cascabel. No importa la materia de qué esté hecho, ni la dimensión, ni la validez de su sonido, ni la resistencia de su bronce… Quieren saber los ratones, como las viejas de aldea y sus cuentas elementales, la disponibilidad económica y quién suelta los cuartos. Así ha empezado la negociación del tardío pacto de Estado por la educación.

Los cuatro principales partidos se han sentado a la mesa con la calculadora en la mano pero sin el libro gordo de Petete. Una evidencia diáfana de que todos pertenecen a alguna cofradía de la diosa Economía y no de la diosa Cultura. Llevan bajo el brazo estadísticas, porcentajes, competencias administrativas, cifras comparativas, muchas hojas Excel repletas de datos y cálculos, gracias a ellos sabemos que España se encuentra a la cola de los diez países europeos más importantes en inversión educativa. Aparecemos por debajo de Portugal, colocada en el número ocho, y seguidos de Rumanía cuya inversión está al nivel de los países en vías de desarrollo.

Mientras el Reino Unido, a la cabeza del ranquin, invierte unos 9.825 euros por educando y año, en España la media es de 6.134 euros, pero hay seis comunidades que no llegan ni a los cinco mil. En Galicia superamos en poco más de cien euros esa media y, como el resto del Estado, vivimos amenazados por los recortes que nos pide la UE, también en educación, para salir de la eterna crisis. Esto demuestra que las clases medias y bajas no solo nos empobrecemos, sino que perdemos valores educativos y, por tanto, no accedemos a la igualdad de oportunidades que consagra la Constitución (sí, la misma que se emplea para enarbolar el artículo 155 o la justicia por encima del poder político).

Sobre la mesa de los negociadores no figuran los porqué de los malos resultados con que sucesivamente aparecemos en los informes PISA. No cuentan las razones del abandono escolar temprano. Ni tampoco las deficiencias de las instalaciones escolares públicas. Ni el déficit de profesorado, que se pretende suplir con más becarios/as con batas blancas de MIR. No están los cambios de programas como saltos de trapecistas. No asoman todos esos elementos reales que inciden sobre la calidad de la enseñanza. Cierto, se me dirá que todas esas cuestiones parten de una objetividad económica, de las disponibilidades presupuestarias, de la capacidad recaudatoria e inversora del Estado y las comunidades autónomas.

En definitiva, de la cuenta de la vieja.
Esa es la gran falacia. No se construye una carretera sin un proyecto previo a su financiación, ni se compra un tanque sin decidir el material bélico que necesitamos. Por tanto, sentarse a negociar un acuerdo económico sin saber qué modelo educativo queremos para las generaciones presentes y futuras es coser el traje sin tener en cuenta al usuario. Lo que la Educación pública española necesita es un pacto por un modelo eficaz, racional, progresista y duradero. Una vez que lo tengamos deberemos buscar el modo de financiarlo y a lo mejor hay que comprar menos aviones de combate para disponer de mejores contenidos educativos. O seguiremos poniéndole al gato un cascabel mudo.

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