La Guardia Civil considera que los Mossos fueron cómplices del referéndum del 1-O

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo de Interior durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, declaró en el Tribunal Supremo que los Mossos fueron cómplices del Govern en la celebración de la convocatoria. De los Cobos manifestó que existía una concertación entre los Mossos, el Govern y determinadas plataformas ciudadanas que hizo imposible impedir el referéndum. En su declaración, el coronel dijo que la misión de los Mossos fue facilitar la votación, y con ese objetivo llegaron a vigilar e incluso hasta obstaculizar a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

De los Cobos, que declaró ayer como testigo ante el juez Pablo Llarena, explicó que su prioridad fue siempre cumplir la ley, incluso por encima de las consideraciones para mantener la convivencia ciudadana que arguyeron los responsables de Interior del Govern y de los Mossos. Fuentes presentes en la comparecencia indicaron que el coronel dio por seguro que tanto el exconseller de Interior Joaquim Forn como el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que recibía órdenes del primero, estuvieron siempre dispuestos a incumplir la prohibición del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional.

 

MAS, ROVIRA Y GABRIL, CITADOS POR EL SUPREMO

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó ayer citaciones de nuevos investigados en la causa que instruye. El miércoles 14 de febrero declararán la exportavoz de la CUP Anna Gabriel y la expresidenta de este grupo parlamentario Mireia Boya. El lunes 19 será el turno de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y de la número dos en la lista de Esquerra Republicana, Marta Rovira; y al día siguiente concluirá los interrogatorios con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

En otro orden de cosas, los abogados del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart anunciaron ayer que llevarán su caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

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